Dobrynine señaló que, aunque la competencia sobre la inspección de las gasolineras sea de las autonomías, en estos momentos el Ministerio de Industria debe impulsar una revisión a nivel nacional de las estaciones de servicio, para hacr frente a la desconfianza generada entre los automovilistas.

Según Dobrynine, los gasolineros que hayan defraudado pueden ser sancionados administrativamente y además perseguidos por la vía penal, puesto que se trata de un presunto delito de estafa o maquinación para alterar el precio de las cosas.

Admitió que la reclamación individual por perjuicios es prácticamente imposible porque cada automovilista tendría que acreditarlos con algún tipo de recibo. Sin embargo, precisó que no es completament imposible para quienes puedan documentar que se han suministrado en las gasolineras que defraudan porque abonaron el importe con cheque gasolina o porque solicitaron factura.

A su juicio, "el gran problema radica en que, salvo los profesionales del transporte, el resto no solemos pedir ni ticket de expedición ni comprobante".