El profesor respalda así en un dictamen las aspiraciones de la Confederación Empresarial Española de la Econoía Social (CEPES), que agrupa a cooperativas agrarias (CCAE), de transporte (UCOTRANS) y de consumo (HISPACOOP), de poder vender carburantes al público como cualquier gasolinera.

Por su parte, Marcos de Castro, presidente de CEPES, señaló hoy que "la limitación que se impone a las cooperativas para poder comercializar y distribuir los productos derivados del petróleo contradice a la propia Constitución". El artículo 129.1 de la Carta Magna ordena expresamente el fomento de las sociedades cooperativa.

Según García de Enterría, el ordenamiento jurídico español "confiere a las sociedades cooperativas un carácter netamente empresarial y las faculta para la realización de cualesquiera actividades económicas".

Las cooperativas pueden "intervenir en todos los ámbitos de la vida económica, adquiriendo, produciendo, suministrando o prestando toda clase de bienes y servicios para sus socios como, incluso, para terceros no socios, siempre que lleven contabilidad separada de dichas operaciones", afrma el catedrático.

Asimismo, García de Enterría rechaza que a las cooperativas se les puedan imponer "requisitos o limitaciones que carezcan de razón objetiva y que, directa o indirectamente, supongan la alteración de su naturaleza, como pudiera ser la exigencia de constituir personas jurídicas independientes para la realización de determinadas actividades económicas; lo que, a su vez, podría constituir también una restricción a la libre competencia al imponérsele un requisito no exigido a otras enidades empresariales", según señaló hoy CEPES en una nota de prensa.