Los transportistas, taxistas, agricultores, subcontratistas de la construcción y asociaciones de vecinos, consumidores y usuarios, convocantes de la manifestación del pasado 7 de junio en Madrd contra la subida de los carburantes, celebraron hoy una reunión para evaluar la respuesta del Gobierno y la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de abrir diligencias informativas sobre un posible pacto de precios entre las operadoras petrolíferas.

Las asociaciones sectoriales han acordado personarse en la instrucción de las diligencias informativas de la Fiscalía como parte afectada y solicitar una entrevista al fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, "a fin de aportarle las prueba acreditativas de las prácticas restrictivas de las compañías petrolíferas", según señalan en un comunicado.

Por otro lado, exigen al Tribunal de Defensa de la Competencia que aplique las sanciones máximas, equivalentes al 10% de la facturación de cada compañía, "para que la efectividad y contundencia de la multa disuada a las petroleras de continuar con tales prácticas".

Asimismo, los consumidores de carburantes insisten en que el Gobierno debería rebajar el Impuesto de Hidrocarburos al mínio que establece Bruselas, "lo que redundaría en un inmediato efecto económico y social muy positivo para los diferentes sectores profesionales y ciudadanos".

En cuanto al plan de movilizaciones, han acordado convocar nuevas manifestaciones en el mes de julio "ante la falta de actuación por parte del Gobierno para acabar con el oligopolio en el sector de los hidrocarburos".