En concreto, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, explicó que, para aumentar la

competencia en la distribución de carburantes, el Ejecutivo ha decidido limitar durante

cinco años la apertura de nuevas gasolineras a las petroleras que cuenten ya con más del 30% del mercado, es decir, Repsol, y durante 3 años a las que poseean un 15%, que son Cepsa y BP.

El ministro dijo que se ha contado con el consenso e las compañías para adoptar esta medida, como también se ha consultado al sector para aplicar la limitación accionarial para los actuales accionistas de CLH, empresa que ostenta hoy el monopolio de hecho del almacenamiento y distribución de petróleo y carburantes en España.

Esta última decisión del Gobierno supone la limitación a los actuales accionistas de CLH, para que no puedan tener más del 45% del capital de la empresa, en conjunto, o un 25% a título individual, lo que equivale a dar entrada apequeños operadores que podrán copar hasta un 55% del capital.

También para ahondar en la competencia del sector, el Gobierno aprobó la autorización para que los hipermercados puedan tener gasolineras, y anticipándose a posibles conflictos con los principales gestores de suelo en España, los ayuntamientos, se fija un plazo máximo de 45 días para que las corporaciones locales gestionen los expedientes de apertura de dichas instalaciones.

Otra medida liberalizadora en el sector de carburantes seá la autorización a las cooperativas de profesionales, como agricultores y transportistas, para crear centros de venta de combustibles de gasóleo, tanto para autoconsumo como para la venta a terceros.

En este último supuesto, la venta de gasóleo a no asociados deberán realizarla con una separación contable del negocio, pero sin necesidad de proceder a una separación jurídica en dos empresas.

Además, los precios de venta al público no podrán ser iguales, y en ningún caso

podrán trasladar losbeneficios fiscales que obtienen en el consumo de gasóleo con su condición profesional a las tarifas que apliquen por la venta de combustibles a terceros.

El Gobierno también se reserva un mayor control sobre la evolusión de los precios en el mercado competitivo, con la obligación que tendrán desde ahora todas las empresas que operan en el mercado de distribución de carburantes de informar cada semana de la evolución de sus precios de venta al público y sus marcas, con el fin de ofrecerlas a la opinón pública periódicamente.