Este compromiso fue adquirido en la reunión mantenida ayer por las organizaciones agrarias Asaja (Asociación de Jóvenes Agricultores) y UPA (Unión de Pequeños Agricultores) y la Coordinadora de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) con el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Manuel Lamela, y varios responsables del Ministerio de Hacienda.

Según declaró hoy a Servimedia el secretario general de UPA, Fernando Moraleda, este aumento del VA que repercuten los agricultores en sus productos afectará también a todas las producciones vendidas antes del 7 de octubre (fecha de entrada en vigor del acuerdo) y aún no facturadas, lo que supondrá un coste adicional de unos 15.000-20.000 millones de pesetas y afectará a 1.090.000 agricultores.

UPA, Asaja y CCAE han exigido que la norma legal que regule esa retroactividad sea un decreto ley y no una consulta vinculante a Hacienda, como pretende el Gobierno, por lo que este asunto se decidirá en l reunión de mañana de la Comisión y en la del Consejo de Ministros. Agricultura acepta la fórmula que piden los agricultores, pero Hacienda no.

Moraleda, que aseguró que el ambiente en algunos momentos de la reunión de ayer fue "muy tenso", indicó que la consulta vinculante no tiene garantías suficientes, e insistió en que la fórmula jurídica debe ser la misma que aprobó la subida del IVA, que fue un decreto ley. Dejó claro que, para UPA, esta es una cuestión "sine quanon" para seguir avanzando en el esto de los temas del acuerdo.

El responsable de UPA advirtió que si el viernes el Gobierno no aprueba este decreto ley, esta asociación agraria convocará a sus órganos de máxima dirección para replantearse su corresponsabilidad con el acuerdo y estudiar la convocatoria de movilizaciones. No obstante, recalcó que "esperamos que se cumpla la palabra dada".

Además, a juicio de Moraleda, ese decreto ley que regule la retroactividad puede recoger también la entrada en vigor de la línea de créditos de35.000 millones acordada, la prórroga de los beneficios fiscales de la ley sobre incentivos fiscales e incorporación de jóvenes, y la reducción general en el régimen de estimación objetiva del IRPF para el 2000, que se acordó ayer que sea del 15% y que afectará a 1.090.000 agricultores.

ASUNTOS PENDIENTES

También quedan pendientes otros asuntos del acuerdo, que seguirán negociándose una vez salvado el tema de la retroactividad, según Moraleda, como son la deducción en la estimación directa, que afeca a 55.000 agricultores; la deducción general por inversiones, y el tratamiento fiscal a la ganadería independiente.

Al margen del acuerdo, los agricultores habían pedido también al Gobierno que imponga una tasa de penalización para todas las compañías petroleras si continúan aumentando el precio del gasóleo. No obstante, Moraleda dijo que han confirmado que en todo el territorio nacional la subida de Repsol y Cepsa no se ha hecho efectiva ni en cooperativas ni en distribuidores, y que están pendiente de comprobarlo en el caso de BP.