Esta asociación, que agrupa al 9% del mercado español de gasoleo, ha hecho bloque de oposición al Gobierno junto a la patronal de gasolineras (CEES), para impedir que el Ministerio de Industria lleve adelante dicho decreto, por entender que lesiona sus intereses legítimos con una competencia desleal y sin las mismas garantías de calidad y seguridad en los suministros.

La sentencia exhibida por los distribuidores de gasoleos hace referencia a una resolución del Tribunal Cosntitucional del pasado 28 de noviembre, y se basa en un recuso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña.

En ella, el Alto Tribunal dio la razón al Gobierno de Jordi Pujol, que recurrió varios artículos de la Ley de Ordenación del Sector Petrolero de 1992, y estableció, según los ditribuidores de gasóleos, la competencia de las comunidades autónomas para regular esta materia.

Con esta premisa, la asociación empresarial remitirá una nueva alegación al Ministerio de Industria en contra del decreto que ha elaborado, para que la envíe l Consejo de Estado, que en estos momentos estudia dicho decreto.

Paralelamente a estas medidas, los distribuidores de gasóleo y los gasolineros mantienen su amenaza formal de convocar medidas de presión contra el Gobierno, como sería el caso del cierre patronal anunciado por la CEES, y al que no ha puesto fecha a la espera de la decisión que tome el Consejo de Estado.