ETA

GARZÓN TOMA DECLARACIÓN COMO IMPUTADAS A TRES MIEMBROS DE BATASUNA POR LAS MANIFESTACIONES DEL 30 DE SEPTIEMBRE

- Se celebraron en Bilbao, Pamplona, San Sebastián y Vitoria

MADRID
SERVIMEDIA

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tiene previsto tomar declaración hoy, en calidad de imputadas, a tres miembros de la ilegalizada Batasuna en relación a las manifestaciones celebradas el pasado 30 de septiembre en Bilbao, Pamplona, San Sebastián y Vitoria en favor de la autodeterminación del País Vasco.

Se trata de Ainara Armendariz, Marije Fullaondo y María Teresa Díez de Heredia, que deberán acudir a la Audiencia Nacional acompañadas de abogado para ser interrogadas "sobre el acto del día 30 de septiembre de 2006 en el que participaron y el contenido del mismo", según consta en la providencia por las que el juez Garzón acordó la citación.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional también ha citado para hoy a una cuarta persona, pero en calidad de testigo. Se trata de Marcelo Alvarez Suárez.

Se da la circunstancia de que el propio Garzón, con el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, autorizó estas manifestaciones el 29 de septiembre, alegando que no consta que los convocantes "tengan relación orgánica con la organización Batasuna".

Asimismo, el magistrado entendía que no existía "ninguna razón" para prohibir unos actos que revestían "todas las formalidades legales", aunque sin perjuicio de los incidentes que pudieran producirse con ocasión de los actos convocados, "lo que daría lugar a responsabilidades".

La asociación Dignidad y Justicia presentó ante Garzón un recurso contra esta decisión, pero el magistrado lo rechazó, insistiendo en que los convocantes y solicitantes de estos actos "no están incursos en ninguno de los procedimientos" que se tramitan en su juzgado.

Además, argumentó Garzón a Dignidad y Justicia, los convocantes tampoco tienen limitados los derechos de manifestación y reunión, y los lemas de los actos "no son diferentes a los que en otras ocasiones se han utilizado".

A juicio de Garzón, suspender dichos actos "habría sido una restricción del derecho de reunión y manifestación no justificado legalmente".

(SERVIMEDIA)
31 Oct 2006
B