Además de la suspensión de sus actividades, el magistrado ordenó el cierre de las sedes de las dos formaciones, el embargo de sus bienes y el bloqueo de sus cuentas. La suspensión de actividades, decretada de forma cauteler por un periodo de tres años prorrogables hasta cinco.

Para que los partidos no puedan participar ni incidir en la campaña a la elecciones vascas, Garzón decretó de forma complementario la suspensión de "la capacidad de participar como partido, organizacion o grupo en cualquier actividad", lo que incluye la capacidad para "organizar manifestaciones, concentraciones, caravanas, o cualquier acto público o de asistir a los mismos" así como la capacidad "para efectuar cualquier tipo de actividades propagandísticas, utilizar signos o espacios públicos".

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