Este trabajo mensual, denominado "Flashes, otorga a Garzón una calificación de 5,5 puntos en una lista de líderes políticos en la que nadie más consigue el "aprobado", ya que al juez de la Audiencia Nacional le sigue elcoordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, con 4,3 puntos.

Felipe González obtiene una valoración de 3,9 puntos y repite respecto a marzo, aunque es la más baja registrada por este político. Le sigue el presidente del PP; José María Aznar, y el Ministro de Obras Públicas, Josép Borrell, con 3,7 puntos; el responsable de Agricultura, Luis Atienza (3,6); el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina (3,5); el de Cataluña, Jordi Pujol (3,3), y el ex ministro José Barrionuevo, que cn 2,8 puntos pierde 7 décimas respecto a enero.

FUERO Y GAL

La encuesta de Díez Nicolás sondea también la opinión pública sobre cuestiones de actualidad tales como la propuesta de ampliar legalmente el fuero de antiguos ministros, secretarios de Estado y subsecretarios, para que sólo puedan ser juzgados por el Tribunal Supremo.

Casi dos terceras partes de los entrevistados se muestran en desacuerdo con esta propuesta, y sólo menos del 10 por ciento están de acuerdo con ella. El fracaso se hace ún más extenso para la supuesta inclusión en esa medida legal del carácter retroactivo; es decir, para quienes ya han ocupado esos cargos en el pasado.

Un 53 por ciento de estas personas cree que el Gobierno está impidiendo el esclarecimiento del caso GAL, frente a un 17 por ciento que piensa que lo está facilitando. Además, el 51 por ciento piensa que el Gobierno tiene toda o bastante responsabilidad en este caso, frente a un 11 por ciento para los que el Ejecutivo tiene poca o ninguna.

Sin embago, los entrevistados no tienen tan clara la depuración de responsabilidades concretas, ya que un 42 por ciento opina que Felipe González debería haber dimitido por el caso GAL, frente a un 38 por ciento que opina que no tiene que hacerlo.

PESCA

Las respuestas de los encuestados arroja una opinión mayoritariamente a favor de soluciones pacíficas para el conflicto pesquero, como lo pide un 52 por ciento.

Los partidarios de la reacción virulenta a las agresiones pesqueras están en minoría, según l trabajo de campo de ASEP, ya que un 38 por ciento prefieren soluciones más agresivas, como adoptar medidas económicas y políticas de represalia, romper relaciones diplomáticas u ordenar a la Armada Española que defienda a los pesqueros españoles incluso recurriendo a la violencia.