El magistrado decidió el pasado 9 de mayo decreta la administración judicial de estos locales por un periodo de seis meses, "prorrogables en función de las circunstancias concurrentes". Ahora, cumplido ya ese plazo, Garzón ha decidido hacer efectiva dicha claúsula.

El pasado 3 de julio, el juez de la Audiencia Nacional ordenó el bloqueo de 109 cuentas bancarias y el embargo de los locales de 75 "herriko tabernas" y asociaciones vinculadas a Batasuna para cubrir los más de 24 millones de euros exigidos a la formación abertzale en concepto de responsailidad civil por los daños y desperfectos ocasionados por la violencia callejera.

Según el juez, tanto estos establecimientos como las asociaciones que les daban acogida formaban parte del entramado que dirigía la organización terrorista ETA, para la que servían de fuente de financiación. Las "herriko tabernas" dependían de una denominada Comisión Nacional de Herrikos, que era dirigida por la ilegalizada Batasuna.