En total, son 10 las personas procesadas, 3 de ellas menores de edad, a quienes Garzón les atribuye la colocación de 16 artefactos explosivos de fabricación casera en Vitoria y Alav, 7 de ellos en dependencias de la Caja Vital, causando daños valorados en varios millones de pesetas.

En el auto de procesamiento, Garzón explica que dentro de la estructura y estrategia diseñada por ETA militar para su funcionamiento y desarrollo de las campañas de comisión de delitos aparecen integrados los denominados grupos de apoyo 'Y'.

Indica que estos grupos están diseñados por la dirección de ETA con una estructura lo suficientemente "desarticulada" y sin evidencias organizativas ni marcs para que sea imposible demostrar su existencia, aunque a la vez disponen de una mínima organización que garantice los objetivos políticos, la información logística y un grado de financiación encubierta.

Añade que, además, estos grupos procuran que los resultados de sus acciones tengan una suave tipificación penal, aunque normalmente son cuantiosos económicamente los desperfectos causados en ellas.

Asimismo, precisa que estos grupos se caracterizan también por la falta de conocimiento entre ello, salvo por medio de algunos responsables de grupo en las diferencias provincias del País Vasco y Navarra.

El magistrado afirma que dentro de este esquema funcionó en Alava entre el 22 de diciembre de 1991 y enero de 1993, un total de 3 grupos de apoyo de ETA perfectamente diferenciados.

El primero, según Garzón, estaba integrado por Eduardo Plagaro y por Joseba Gorosarri; del segundo formaban parte Josu Estenaga, Sebastián García Mantilla, Iñigo Cuerda García, Gorka Aurrecoetxea y accidentalment por Joseba Gorosarri, mientras que en el tercero participaban Gorka Perea Salazar, Iker López de Abechuco, Carlos Pérez de Munaín y Unai López de Ocariz.

El juez acusa a todos los procesados, a quienes ha citado para declarar el próximo día 7, de un total de 16 delitos de terrorismo en relación con estragos y asegura que existen indicios racionales de penalidad suficiente contra ellos.

Garzón establece en el auto de procesamiento que todos ellos, que permanecerán en libertad, deberán comparecer emanalmente ante el juez de su domicilio y les fija una fianza global de más de 74 millones de pesetas para la responsabilidad civil.