En un auto hecho público hoy, Garzón decide además elevar la causa al Tribunal Supremo, dado que no puede actuar contra dos de los imputados, José Antonio Echeverría y Pablo Gorostiaga, que tienen la calidad de aforados al haber sido elegidos en las elecciones vascas dentro de las listas de Euskal Herritarrok.

El juez hace un extenso relato de los supuestos hechos delictivos cometidos por los responsable del entramado de empresas en las que se apoyó económicamente ETA-KAS, además de insistir en que EGIN, y las empresas de su grupo, también pertenecen al mismo entorno, al que sirven desde el punto de vista del apoyo informativo, de comunicación entre los miembros de ETA y de recogida de datos, entre otros.

El juez destaca la "línea de subordinación de Orain, Egin, Egin Irratia" a ETA-KAS y asegura que el periódico y su equipo de investigación "utilizan fuentes comunes (a ETA-KAS), se rigen por criteris comunes, desarrollan actividades similares y persiguen fines idénticos".

Recuerda que desde el periódico se elaboró información relativa a actividades privadas de miembros del PNV, del PP y de la Unión del Pueblo Navarro, y que se siguió los pasos a miembros de la Ertzaintza y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En definitiva, subraya el auto de Garzón, el equipo de investigación del periódico y las redes de información de la banda terrorista "realmente integran una sola estructur de captación y procesamiento de información que, según las necesidades, es explotado por cada uno de los frentes que integran ETA-KAS".

Esto se demuestra, según el juez, con la coincidencia entre las "campañas de satanización" realizadas por EGIN, que luego desembocan en un asesinato por parte de ETA. En este sentido, relaciona algunos casos "llamativos", como los asesinatos del general José Antonio Satamaría y el sargento Joseba Goicoechea, y de los políticos Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica, TomásCaballero o Manuel Zamareño, entre otros casos coincidentes.

Por todo ello, Garzón decide procesar a 26 personas, de los cuales 10 están actualmente en prisión y otros 6 deberán prestar una fianza para evitar ir a la cárcel.

Además, decide fijar una fianza de responsabilidad civil de 700 millones de pesetas para los 13 principales mandatarios de las empresas, y cantidades menores por la misma responsabilidad, para el resto de procesados.

Los procesados son: Juan Pablo Dieguez, Segundo Ibarra Vicente Askasíbar, Iker Beristain, Isidro Murga, Francisco Murga, Javier Alegría, Manuel Aramburu, Ramon Uranga, José Luis García, Inmaculada Berriozábal, María Brígida Arrue, José Antonio Díaz, Manuel Inchauspe, Maite Amezaga, Javier María Salútregui, Teresa Toda, Carlos Trenor, José Ramón Aranguren, José Luis Elkoro, Begoña Pérez, José Gorostiza, María Teresa Mendiburu, Francisco Javier Otero, Ignacio José Zapiain y Jesús María Zalakaín.

DOS AFORADOS

Garzón subraya en su escrito que, de acuerdo cn lo que establece la normativa vigente, la condición de aforados de dos de los imputados en la causa no le permite seguir actuando contra ellos.

Destaca que la presunta participación de los aforados en los hechos delictivos es "los suficientemente consistente, según los indicios racionales obrantes en la causa, para acordar su procesamiento".

No obstante, "esta medida no se adopta" puesto que son parlamentarios, por lo que deberá ser el Tribunal Supremo el que decida quien debe continuar la invetigación.

Garzón apunta que la investigación que se está llevando a cabo pudiera continuarse en los tribunales superiores de justicia del País Vasco o de Navarra, dado que se investigan empresas que trabajaban en ambas comunidades autónomas, pero señala también que este entramado se alargaba incluso a Madrid, por lo que todo parece que debiera ser el Supremo el encargado de continuar la investigación.

Esta opción fue la solicitada en días pasados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, desde dode se instó a Garzón para que se procesara a los imputados y se enviara la causa al Alto Tribunal, al haber dos aforados entre las personas investigadas.

KAS, ILEGAL

Finalmente, en el auto hecho público hoy, Garzón declara ilegal la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), hecho que ya había apuntado en ocasiones anteriores.

De hecho, el juez apunta "la inexistencia legal de KAS", lo que, a su juicio "no ha impedido que actúe sorprendentemente de forma alegal, coordinando todo este entramado (fnanciero de ETA) desde la más pura opacidad y clandestinidad de sus miembros, y sin desarrollar actividad alguna diferente a la diseñada por la dirección de la organización terrorista".

Por ello declara "la ilicitud de la alegar KAS, como parte integrante de la misma organización terrorista que ETA encabeza".

A pesar de la decisión de remitir la causa al Supremo, Garzón continuará realizando las actividades que están en marcha y citando a declarar a los procesados.