El magistrado, a través del auto de prisión dictado contra Correa y dos de sus colaboradores, Antoine Sánchez y Pablo Crespo, señala que los imputados utilizaban "las dádivas y los sobornos a los funcionarios y autoridades públicas" para "nutrirse de fondos, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas", y obtener así "un beneficio propio".

También se utilizaban los regalos y "cantidades de dinero" para "mover voluntades de quienes tenían responsabilidades" en las concejalías y consejerías "y así obtener contratos, eventos y actividades" o, en algunos casos, la paralización de expedientes sancionadores que afectaban a Correa. El juez localiza la actividad delictiva del grupo liderado por Correa "en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia".

En el auto, Garzón aclara el papel jugado por cada uno de los imputados y señala que Correa "lideraba un grupo organizado de personas" y asegurá que sus subalternos directos eran su primo, Antoine Sánchez, y el secretario general del PP de Galicia hasta 1999, Pablo Crespo.

El magistrado ordenó a altas horas de la pasada madrugada el ingreso en prisión preventiva de estos tres imputados, tras valorar el riesgo existente de que Correa, Sánchez y Crespo se fugasen, así como la posibilidad de que estos tres imputados, si quedasen en libertad, pudiesen destruir pruebas necesarias para la instrucción del caso.

De hecho, en el auto publicado hoy, Garzón explica que la operación policial, desarrollada el pasado 6 de febrero, se desencadenó después de comprobar que Correa, a quien en los últimos días de escuchas se le había detectado "cierto nerviosismo", planeaba huir de España el día 7 de febrero con destino a Panamá, país en el que estaba intentando obtener la residencia de forma "fraudulenta".

CONGLOMERADO EMPRESARIAL

Las operaciones delictivas se articulaban a través de un "conglomerado empresarial" integrado por un total de 23 empresas -entre ellas Easy Concept Comunicación, Orange Market (propiedad del también imputado Álvaro Pérez Alonso), Pasadena Viajes y Special Events- y al frente de las cuales Correa sitúa a testaferros.

Sobre la estructura creada en España se superponía "una estructura internacional integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda y que estaban a su vez participadas por entidades creadas en paraísos fiscales o territorios no cooperantes".

Con este funcionamiento se permitía a la organización "incorporar fondos de las sociedades radicadas en Inglaterra y Holanda, enmascarándolo como ampliaciones de capital", si bien, en realidad, los fondos procedían "de las sociedades matrices que se encuentran en las Antillas Holandesas, Islas del Canal u otros territorios 'offshore'".

En resumen, se trataba de "una estrategia de ocultación" que ha permitido a Correa "llevar el control de este entramado societario sin que él figurara". Correa colocó al frente de sus empresas en España a Crespo, "una persona de su confianza".

El ex secretario general del PP en Galicia es, según el juez, "el segundo de la organización" y su función consistía en llevar "la dirección y el control del funcionamineto de las empresas".

Este imputado ejecutaba las órdenes de Correa, daba instrucciones al restos de los integrantes de la organización y ordenaba "el pago de cantidades a funcionarios públicos y autoridades y pago en especies, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor o la concesión de eventos a los que se dedica el grupo".

Para conseguir desvincular sus sociedades del procedimiento judicial y proteger su estructura patrimonial, Correa colocó a su primo Antoine Sánchez al frente de las sociedades y llegó incluso a darle instrucciones para obtener un pasaporte y una residencia en Senegal.

BLANQUEO Y EVASIÓN FISCAL

Como canal de blanqueo, la organización utilizaba el envío de transferencias "a través de los fondos de los que disponen en Suiza, desvinculándolos de su origen". La organización disponía, además, de un piso de seguridad en la calle Martínez Campos de Madrid, en donde se guardaban "documentos sensibles".

Además, Correa tenía cuatro apartamentos en el casco histórico de Cartagena de Indias (Colombia), propiedades en Las Rozas (Madrid), Sotogrande (Cádiz), Ibiza y Tarifa (Cádiz), así como atraques de barco en Puerto Marina (Málaga).

En concreto, Garzón imputa a Correa, Sánchez y Crespo delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, falsedad, múltiples delitos de cohecho, un delito de asociación ilícita y diversos delitos de tráfico de influencias.

Por otro lado, interrogará esta tarde, a partir de las 17.00 horas, al empresario Álvaro Pérez Alonso, el hombre de confianza de Correa en Valencia -conocido dentro de la trama como "el bigotes"- y que fue detenido el pasado lunes por la noche.

Además, el juez dejó ayer en libertad a María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa, a la empresaria Carmen Luis Cerezo, y a Felisa Jordán, quien aparece como administradora de algunas de las sociedades que están siendo investigadas. A pesar de haber quedado en libertad, las tres imputadas deberán comparecer mensualmente en los juzgados.