En el despacho de Garzón, además de Bereziartua, quien asistió compañado por el abogado Iñigo Iruín, se encuentranla fiscal Dolores Delgado y las dos acusaciones particulares ejercidas por Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Esta vista, contemplada en el árticulo 129 del Código Penal, servirá para que Garzón escuche los argumentos del Ministerio Público, de las acusaciones particulares y del partido afectado antes de tomar una decisión sobre la suspensión de actividades de la formación.

En el exterior de la Audiencia Nacional se quedó el resto de la delegación de ANV, una veintena de personas en total, entre las que destacaba la alcaldesa de Hernani, Mariam Beitialarrangoitia, quien la semana pasada declaró ante el juez Santiago Pedraz acusada de haber homenajeado a los presuntos etarras Igor Portu y Martín Sarasola en un acto de ANV, aunque el magistrado archivó la denuncia contra la edil.

Cuando Bereziartua e Iruín se acercaban a la sede de la Audiencia Nacional acompañados por el resto de representantes y simpatizantes de ANV, cuatro ultraderechistas, portando banderas preconstitucionales, intentaron agredirles y de hecho uno de ellos consiguió "engancharse" con un miembro de la delegación del partido antes de que la Policía Nacional interviniese.

Los protagonistas del altercado fueron los mismos individuos que ayer intentaron agredir a los representantes y simpatizantes del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) cuando estos accedían a la Audiencia Nacional para celebrar una vista análoga a la que hoy está celebrando Garzón con ANV.

El pasado viernes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó ante Garzón dos escritos en los que pidió al magistrado que dicte la suspensión de actividades de ANV y del PCTV "a la mayor brevedad posible", por considerar que son "instrumentos del entramado de ETA para la consecución de sus fines".

La Fiscalía solicitó para ambos partidos "la suspensión de toda clase de actividades por un período de cinco años", incluido "el derecho a la presentación de candidaturas y a la concurrencia a los procesos electorales", y pidió que la decisión sea adoptada "a la mayor brevedad posible, y, en todo caso, antes del próximo 11 de febrero, fecha de proclamación de las candidaturas a las elecciones generales".

De forma complementaria, el Ministerio Público solicitó a Garzón "la clausura temporal de los locales y establecimientos" de ANV y PCTV, así como "el embargo y bloqueo de las cuentas, depósitos y demás activos financieros" y de "los ingresos por subvenciones o cualesquiera otros conceptos procedentes de las Administraciones Públicas".