En el auto de prisión, Garzón señala que "queda claro" que Galparsoro, quien fue trasladada a la prisión madrileña de Soto del Real, "ha incumplido expresamente el auto de suspensión de actividades de ANV", que suponía que los cargos electos de esta formación no podían realizar actividades más allá de sus responsabilidades institucionales.

El juez asegura que la imputada "ha ido más allá de la mera y puntual aceptación de los postulados de Batasuna-Ekin-ETA" y ha llevado a cabo "una actividad intensa implicándose en el desarrollo de la estratregia común para contribuir a los fines de la organización terrorista".

Como prueba, Garzón indica que la moción alternativa presentada el pasado 24 de abril por ANV en Mondragón en respuesta a la intención de PSE y PNV de desalojar del Ayuntamiento a los concejales que no condenaran la violencia de ETA -entre ellos a la alcaldesa Galparsoro- responde "a un impulso común" de la formación y no "a la individual reflexión de cada uno de sus cargos electos".

Además, Garzón deja la puerta abierta para imputar a otros ediles de ANV, ya que el auto subraya que esta estrategia común se diseñó en una comparecencia en la que, además de Galparsoro, se encontraban la alcaldesa de Hernani (Guipúzcoa), Mariam Beitialarrangoitia, y el alcalde de Igorre (Vizcaya), Galdor Olivares, ambos de ANV, unas personas "cuya eventual responsabilidad se analizará aparte".

Asimismo, el magistrado destaca que Galparsoro "compareció junto a cargos electos de ANV tras el asesinato del militante del PSE Isaías Carrasco", asesinado por ETA el pasado 7 de marzo en Mondragón.

Como otro ejemplo de esta sumisión a ETA y del quebrantamiento de la suspensión de actividades, Garzón destaca que el 21 de febrero ANV se presentó en Pamplona con sus representantes, entre ellos Galparsoro, promoviendo la abstención y el boicot activo a las elecciones generales, en una estrategia diseñada por la banda terrorista.

Garzón decidió enviar a la alcaldesa de Mondragón a prisión a instancias de la fiscal Dolores Delgado, una solicitud a la que se adhirieron las acusaciones populares de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y de Dignidad y Justicia.

POSIBLE INTEGRACIÓN EN ETA

De hecho, la acusación que recae sobre Galparsoro podría ir más lejos, ya que la fiscal Delgado se reservó la posibilidad de acusarla de un delito de integración en ETA, a la espera de que lleguen varios informes adicionales solicitados por Garzón a la Policía Judicial.

Uno de estos informes podría tener relación con una operación llevada a cabo esta tarde por orden del magistrado, en la que agentes de la Policía Judicial han entrado en el Ayuntamiento de Mondragón y se han llevado las actas de los plenos del consistorio desde el pasado 8 de febrero, fecha en la que Garzón decretó la suspensión de actividades de ANV.

En este sentido, el juez señala que la conducta de Galparsoro es constitutiva de un delito de colaboración con organización terrorista, pero "sin excluir" un posible delito de integración en ETA. Tras conocer el auto de prisión, el abogado de la alcaldesa de Mondragón, Iñigó Iruín, aseguró que con esta decisión de Garzón "se abre la vía penal para los electos" de ANV.

Durante la comparecencia de la alcaldesa ante Garzón, la fiscal Delgado acusó a Galparsoro de ser "la voz institucional que le queda a ETA" y recordó que, desde 1987, la alcaldesa "viene desarrollando actividades políticas en el seno de organizaciones integradas en el seno de la estructura de ETA".

La fiscal Delgado también acusó a la alcaldesa de Mondragón de haber participado activamente en "la nueva estrategia marcada por ETA" y de seguir las directivas marcadas por la organización terrorista, como el llamamiento a "la abstención pasiva y al boicot" en las últimas elecciones generales.

A su llegada a la Audiencia Nacional, que se produjo sobre las 9.45 horas, Galparsoro estuvo acompañada por una veintena de personas, entre ellas el presidente de ANV, Kepa Bereziartua, un grupo que rompió a aplaudir cuando la alcaldesa de Mondragón entró en la sede de los juzgados.