En su resolución, Garzón recuerda que efectivamente Batasuna fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo, que está incluida en lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y que, según las investigaciones, supuestamente forma parte de ETA, pero entiende que prohibir la reunión, como habían solicitado los abogados de la asociación Dignidad y Justicia, excede "absolutamente" el ámbito de aplicación de la resolución de suspensión de actividades de Batasuna decretada el pasado mes de enero.

Para Garzón, el citado auto de suspensión de actividades de sus actividades "debe entenderse dentro del contexto de las resoluciones que la expresan y sus antecedente".

"Si así no se hiciera, no sería posible que se realizara ningún tipo de diálogo con ninguna persona que hubiera cometido un hecho delictivo", argumenta, "máxime si se tiene en cuenta que la resolución judicial que establece la suspensión es provisional, por cuanto no existe sentencia firme; y, por otra parte el potencial diálogo con la propia organización sería inviable".

Además, sostiene que la resolución del juzgado "no puede extenderse a la prohibición de hablar o exponer ideas que, a priori, no se sabe si tendrán contenido delictivo o no".

"Ello conduciría a una especie de responsabilidad objetiva que quebraría con las más elementales reglas del principio de culpabilidad penal (...) y desembocaría en una resolución de contenido político, que es lo que quizás inconscientemente se reclama del juzgado", añade.

Garzón señala que "la responsabilidad política discurre por fuera de los márgenes de la acción judicial" y que ésta debe dirigirse a perseguir delitos cometidos, "pero no debe ir más allá, imaginando contenidos que no se han producido; o haciendo prospecciones sobre lo que pueda suceder, o no suceder".

EQUILIBRIO Y RESPETO

"Ese ejercicio posibilista desnaturalizaría cualquier acción del juez como parte integrante del Poder Judicial y quebrantaría el equilibrio y respeto que debe existir entre los diferentes poderes del Estado democrático", afirma.

Tras recordar que, según los informes de la Unidad Central de Información (UCI) y de la Ertzaintza, la reunión de mañana no se produce a iniciativa de la ilegalizada Batasuna, sino del PSE, "partido político legal", Garzón asegura que si el juez prohibiese de antemano tal encuentro "se convertiría, en una especie de controlador de la acción política de un partido democrático, acción que sería ilegal porcontraria a derecho".

Además sostiene que "en la convocatoria anunciada por parte del Secretario General del PSE no se observa ningún elemento que induzca a pensar que, con ella, se pretende favorecer la acción delictiva del complejo terrorista dirigido por ETA, y, en el que se incluye Batasuna; sino todo lo contrario, evitar que el hecho delictivo continúe produciéndose".

No obstante, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional requiere a la UCI para que informe "ampliamente" del resultado de la anunciada reunión, en lo que se refiere a las personas relacionadas con Batasuna inmersas en el sumario 35/02.

El juez ha tomado esta decisión tras el informe emitido porla Fiscalía de la Audiencia Nacional, que tampoco se oponía a la reunión PSE-Batasuna.

En su informe, la Fiscalía aducía que el objetivo de dicho encuentro es "aproximar" a los miembros de la formación ilegalizada "a la renuncia de la violencia y a la aceptación de las reglas democráticas del Estado de Derecho".

Para la Fiscalía, la reunión de mañana no reviste carácter delictivo, pues se trata de "un encuentro que no tiene como objetivo la continuación o persecución de la actividad criminal terrrorista o de otras actividades delictivas".

RESTRICCIÓN INJUSTIFICADA

Asimismo, en su informe argumentaba que prohibir la reunión de mañana "supondría una restricción extremadamente gravosa y no justificada de las libertades de expresión y reunión de la formación política legal convocante del encuentro".

Los abogados de la asociación Dignidad y Justicia ya han anunciado que recurrirán el auto dictado hoy por el juez Garzón.