Así lo afirmó en una entrevista en ‘Las mañanas de RNE’ recogida por Servimedia en la que subrayó que esta ley, que limita a tres minutos el tiempo máximo de espera para atención telefónica en servicios generales de información, reclamación y postventa y a 15 días hábiles el periodo para resolver reclamaciones, “llega más de diez años tarde”.

A este respecto, rememoró que el “primer intento” en este sentido se produjo en el 2011 con el departamento de Leire Pajín, pero, lamentó, “se convocaron elecciones anticipadas y no pudo culminarse”. “Nosotros esperamos culminarlo, porque ya estamos en el tramo final”, dijo, dado que ya solo falta el trámite parlamentario, y avanzó que la nueva norma “pone a nuestro país un suelo de calidad y de servicios de atención al cliente que mejora la vida de las personas”.

“No solo ahorrándoles tiempo y energía, que todos sabemos que la perdemos y que nos genera muchos quebraderos de cabeza muchas veces llamar a estos números de atención al cliente, sino también nos ahorra dinero”, sentenció.

A su juicio, se trata de “incentivar soluciones” para que los españoles tengan la posibilidad de “acogerse a un derecho efectivo, que es el derecho de la protección al consumidor”. “Hoy en día, desgraciadamente, acabas en laberintos administrativos o acabas en llamadas interminables, gastando dinero, perdiendo tiempo", denunció, para aseverar que "todo eso se acabará cuando la ley entre en vigor”.

Tras puntualizar que las comunidades autónomas ya tienen “instrumentos” sancionadores para las empresas incumplidoras y que en el propio Ministerio de Consumo “ya hay un régimen sancionador”, hizo hincapié en que la nueva ley establece “una serie de restricciones y, por lo tanto, también tiene un régimen sancionador”.

“Como ocurre con cualquier sector, hay una serie de vigilancia y hay, por lo tanto, sanciones”, reiteró, para afirmar que, tras su entrada en vigor, las empresas “se tienen que adaptar de manera importante”. “Ojo, es, sencillamente, homogeneizarse y homologarse con otras empresas del resto de Europa, donde estos temas, sobre todo en el norte de Europa, se ven como un elemento de competitividad en la empresa y las empresas suelen hacer gala de estos servicios”, espetó.

En este punto, Garzón lamentó que en España “esto no ha sido tradicionalmente así”. “Esperemos que vaya cambiando y las empresas lo vean como una oportunidad para mejorar su marca y su reputación”, apostilló

Preguntado por si la ley va a obligar a las empresas a contratar a más trabajadores para cumplir con los requisitos de la normativa, el titular de Consumo explicó que, “sin duda, van a tener que adaptar y mejorar” sus servicios de atención al cliente, “no solo por el tema de la calidad del servicio, sino, incluso, en muchos casos, porque afecta también a la diversidad de nuestra población”.

“Tiene algunos postulados, por ejemplo, para que personas con discapacidad o personas mayores puedan tener alternativas a la llamada telefónica”, insistió, para poner como ejemplo, otras vías alternativas como la mensajería instantánea o “vídeos con lengua de signos que, al final, faciliten que el derecho se pueda ejercer”.