Garzón imputa a Mallagaray los delitos de desobediencia grave, malversación impropia y colaboración con organización terrorista, por los que el fiscal había solicitado su ingreso en prisión incondicional.

En la información facilitada el pasado miércoles por el Ministerio del Interior tras la detención de Mallagaray, se afimaba que éste podría formar parte de la red montada en torno a las herriko tabernas para financiar a ETA.

Además, las investigaciones realizadas apuntaban a que Mallagaray utilizó su cargo en la Auditoría Interna de la Caja Laboral, departamento desde el que se gestionan los diversos requerimientos que la autoridad laboral dirige a dicha entidad y que tienen relación con el entramado ETA-KAS-EKIN, para alertar a los implicados del interés judicial y policial sobre sus personas o bienes.

Según la olicia, Mallagaray puso en marcha mecanismos para tratar de hacer ineficaz cualquier acción legal contra los investigados por su presunta relación con ETA, mediante la cancelación de cuentas, la utilización de personas interpuestas y otras estratagemas.