El magistrado acudió hoy a la presentación del informe "España: hora de colaborar con la Corte Penal Internacional y defender la Justicia universal", publicado por Amnistía Internacional y que contó con el apoyo de Jueces para la Democracia y de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Según explicó el magistrado, el proyecto de ey de cooperación con la Corte Penal Internacional, que actualmente se encuentra en comisión parlamentaria, ataca, desde la ambigüedad, al Principio de Justicia Universal. "Si con esto se pretende derogar, dígase claramente", añadió Garzón.

Para el juez, el citado proyecto de Ley muestra "desconfianza" con el Principio de Justicia Universal, lo que en su opinión es "bastante negativa y claramente rechazable".

"Tenemos derecho a que nos diga de qué estamos hablando. Si es de derogar el principio, ígase claramente. Son matices que igual se han pasado por alto y que conviene aclarar", añadió.En concreto, Garzón pidió la reforma de los artículos 7 y 8 del proyecto de Ley.

A este respecto, el fiscal Pedro Crespo, de la UPF, señaló que este proyecto de Ley "da por sentada" la derogación del principio de Justicia Universal en la legislación española.

DISCRIMINATORIO

Garzón tildó de "discriminatorio" el proyecto de Ley, ya que cuando es el Gobierno el que decide poner en marcha el mecanismo ara juzgar a alguien a través del CPI, "no hay límites ni cortapisas". Sin embargo, cuando la iniciativa parte de los ciudadanos, "todo son problemas".

En su informe, Amnistía explica que si el Principio de Justicia Universal desaparece de la legislación española, los tribunales españoles no podrán juzgar a personas de otra nacionalidadque hayan cometido un delito fuera de nuestra jurisdicción.

De esta forma, los tribunales españoles no podrían juzgar a los responsables de genocidio y de crímens de guerra que hayan cometido los delitos antes de julio de 2002, por lo que quedarían impunes. En esa misma fecha comenzó a funcionar la Corte Penal Internacional, que asumió la competencia.

Amnistía ha enviado el informe a todos los grupos parlamentarios, con el objetivo de reunirse con ellos en septiembre.