Rodríguez Arribas reiteró su repudio "a cualquier maniobra o ctitud de desprestigio o de acusación a un juez que está conociendo de una investigación criminal procedente de manera directa o indirecta de las mismas personas o de las mismas entidades que están siendo objeto de la investigación".

Afirmó que "a quien corresponde probar esa gravísima imputación", la de que Garzón se pagó con fondos reservados del Ministerio del Interior unas vacaciones en Santo Domingo, "es a quien la formula".

Mostró su "asombro" por el hecho de que salga a la luz en estos momntos una acusación sobre unos hechos supuestamente ocurridos en 1992 y recalcó que, si se hubiese producido alguna irregularidad, debió actuarse inmediatamente.

Recalcó que el apoyo de los jueces, fiscales y secretarios judiciales a Garzón no tiene ningún contenido corporativista, porque es evidente que no se trata de proteger ningún privilegio, "ya que llevar esta investigación no es precisamente un privilegio, sino una carga espantosa".

"Lo que no se puede tolerar es que, por un procedimiento opor otro, aquél que no quiera que un juez determinado le investigue, se lo sacuda de encima por un procedimiento o por otro. Hay un procedimiento en la ley, que es la recusación, y todo lo que no sea eso no puede admitirse como forma de apartar a un juez".

Advirtió que, en caso contrario, "se destruiría el Estado de Derecho y por esa exclusiva razón nos hemos puesto al lado del juez agraviado, sea uno o sea otro". El presidente de la APM señaló que "el hombre de la calle debe preguntarse si la justici puede funcionar con normalidad de esta manera".