Garzón rehaza las querellas presentadas por el financiero, por el abogado Francisco Javier Sainz Moreno y por la Asociación para la Defensa de los Impositores de Bancos y Cajas (ADICAE), en las que denunciaban al actual presidente de Banesto, Alfredo Sáenz y a todo su Consejo de Administración por un supuesto delito de fraude contra la Hacienda Pública.

El delito se refería a la supuesta manipulación de las cuentas de Banesto y un fraude en impuestos, con el visto bueno del Banco de España. Además, Hachuel se efería a la contabilización de los 285.000 millones de pesetas concedidos a Banesto por el Fondo de Garantía de Depósitos, después de que se produjera la intervención del Banco de España.

MALA FE

Garzón niega que exista la posibilidad de este delito y subraya que "las actuaciones procesales de los querellantes demuestran la mala fe a la hora de vertir argumentos en contra de instituciones financieras con el ánimo apenas velado de poner en duda la credibilidad de las mismas y del propio sistema econóico en el que se apoyan".

El juez insiste en que "no es de recibo" que se realicen afirmaciones y querellas "sin más argumento y apoyo que el otorgado por una información de prensa o por una serie de documentos aleatoria e interesadamente interpretados".

Todo esto, según el auto de Garzón, demuestra "no sólo la falta de base de la querella sino que ésta ha podido ser el instrumento de un posible delito de acusación y denuncia falsa".

Por todo, Garzón no sólo rechaza rotundamente las querella contra los actuales gestores de Banesto, sino que remite el caso a la justicia ordinaria para que se "proceda, en su caso, contra los querellantes por el presunto delito de acusación y denuncia falsas".

El financiero Jacques Hachuel se sienta actualmente en el banquillo de la Audiencia Nacional junto a Mario Conde, ambos como acusados en el "caso Banesto".