Martín Vasco es el ex presidente de la comisión de espionaje en la Asamblea de Madrid; López Viejo es ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid; mientras que Alfonso Bosch es diputado regional del PP, al igual que los otros dos aforados.

El juez de la Audiencia Nacional cifra en 1.250.728 euros el dinero -pagado en negro- que estos tres aforados habrían obtenido en total de las empresas de Correa a cambio de adjudicaciones y contratos públicos en las administraciones que controlaban.

El juez, que hizo esta recomendación en el auto de inhibición a favor del TSJM, había cedido anteriormente parte de la investigación al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) y había aconsejado la imputación del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, así como del secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa Climent.

Además de ceder parte la investigación a los TSJ de Madrid y Valencia, el juez decidió retener temporalmente parte de la causa -hasta que los dos tribunales decidan si se quedan con la misma- y amplió las 37 imputaciones iniciales a seis personas más.

Estas personas son el alcalde de Arganda del Rey (Madrid), Ginéz López Rodríguez; el alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepulveda; el director general de Gestión Urbanística y Consumo de Boadilla del Monte (Madrid), Tomás Martín Morales; y el ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Clemente Aguado.

Además, Garzón ha imputado al padre y al hermano del eurodiputado popular Gerardo Galeote. El padre, José Galeote, es ex concejal de Boadilla del Monte, mientras que el hermano, Ricardo, es ex concejal de Estepona (Málaga).

Todos ellos están imputado por los delitos de fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Garzón tomará declaración a estas seis nuevo imputados el próximo 18 de marzo.

TRAMA EN MADRID

Garzón asegura que López Viejo "habría beneficiado en diferentes eventos desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid" a la trama de corrupción "a cambio de entregas de dinero que se recogían en la contabilidad B" de las empresas de Correa.

En este sentido, acusa a López Viejo de dar instrucciones "para que se facturara adecuadamente" las adjudicaciones a las empresas de Correa, "a fin de ocultar las irregularidades en cada acto" para no pasar de los 12.000 euros y "que la concesión del evento no saliera a concurso público".

El auto subraya que de la contabilidad "B" de las empresas de Correa "ha salido con destino a López Viejo" un total de 573.000 euros.

En cuanto a Martín Vasco, Garzón asegura que se dedicaba a la intermediación "para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos en el ayuntamiento de Arganda del Rey", labor a cambio de la cual recibía dinero de Correa.

Además, mientras Martín Vasco ocupó el puesto al frente de la sociedad de Fomento de Arganda del Rey, entre los años 2005 y 2007, "se produjo la entrada de empresas de Correa en dicho municipio mediante la adjudicación de contratos público".

Garzón cifra en un total de 437.166 euros el dinero total que Martín Vasco habría recibido de la trama de corrupción liderada por Correa.

Por su parte, el auto señala que Bosch es "una persona próxima a Correa" y habría recibido pagos -valorados en un total de 250.562- por parte de la trama de corrupción "por la intermediación para obtener la adjudicación del proyecto de construcción de la ciudad deportiva de Boadilla del Monte".

Además, el juez destaca que Bosch "tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Correa ha realizado en Boadilla del Monte".

NUEVOS IMPUTADOS

En cuanto a los seis nuevos imputados, entre los que se encuentran los alcaldes madrileños de Pozuelo de Alarcón y de Arganda del Rey, Garzón señala que habrían recibido de las empresas de Correa un total de 3.297.566 de euros en dinero negro.

En lo referente al alcalde de Arganda del Rey, Ginés LópezRodríguez, Garzón le acusa de haber realizado "acciones de intermediación" para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos en su municipio a favor de las empresas de Correa, a cambio de las caules habría recibido comisiones por un valor total de 1.315.427 euros.

Por su parte, Garzón acusa a Tomás Martín Morales de haber participado desde su puesto como consejero de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte en "la adjudicación de contratos" a diferentes empresas creadas por Correa.

Entre otros adjudicaciones, las sociedades de Correa obtuvieron un contrato de 14 años para gestionar la oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla. A cambio de estas gestiones, Martín Morales habría obtenido en dinero negro un total de 378.172 euros.

En cuanto al alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, Garzón tan sólo señala que aparece en la contabilidad "B" de la trama empresarial de Correa y que en ella se le atribuyen cobros por un total de 422.992 euros.

Lo mismo sucede en el caso de José Galeote (612.506 euros), de su hijo Ricardo (42.469 euros) y de Carlos Clemente Aguado (16.000 euros).