García Vargas admitió que durante los últimos años han sido muchos los empresarios que han trasladado al Gobierno su preocupación por su seguridad personal y que a todos ellos se les ha prestado unacolaboración profesional desde el Cesid o desde el Ministerio del Interior.

En el caso concreto de Godó, el ministro explicó a un grupo de periodistas que el empresario fue asesorado en materia de seguridad, aunque subrayó que él desconoce las relaciones que pudieron mantener posteriormente el editor del citado rotativo y el ex agente del Cesid.

García Vargas, que hoy compareció hoy en la Comisión de Defensa del Congreso, aseguró que, de las investigación y de los datos conocidos hasta la fecha e el caso de la red de escuchas ilegales desmantelada en Barcelona, "puede deducirse que ni el Cesid ni ninguno de sus miembros tiene implicación en dicha trama".

Explicó también que los documentos intervenidos en las actuaciones policiales no afectan directamente a la seguridad nacional y desmintió que el Cesid haya recibido de los miembros de la red delictiva información procedente de las escuchas ilegales.

VINCULACION AL CESID

El responsable del departamento de Defensa facilitó a los miembrosde la comisión datos sobre el historial de los tres detenidos durante la etapa en la que pertenecieron al Cesid y dejó claro que en la actualidad ninguno de ellos tiene vinculación alguna con esta organización.

Subrayó que el hecho de que los tres ex agentes del Cesid estén sujetos a un procedimiento penal por su presunta participación en actividades delictivas "en ningún caso debe prejuzgar a la institución a la que pertenecieron, ni cuestionar la profesionalidad y rectitud hartamente demostrada de ls personas que diariamente prestan sus servicios en la misma".

El ministro destacó que recientemente ha florecido en nuestro país un mercado de información que apenas existía hace unos años y que han aparecido personas o grupos que realizan averiguaciones moviéndose en la frontera de lo legal y abasteciendo un mercado que mueve cada vez más medios económicos y abarca más ámbitos.

Asimismo, puso de relieve que el Gobierno es consciente de que las escuchas ilegales constituyen un delito con una pen muy baja en relación a la importancia del bien jurídico vulnerado, el derecho a la intimidad.

En este sentido, apuntó que el Ministerio de Justicia ha anunciado la realización de una reforma penal para que las condenas estén más ajustadas y respondan a la alarma social que generan estas conductas.

Añadió que el Ministerio del Interior tiene avanzados diversos anteproyectos para regular estas actividades privadas en el campo de la seguridad y que el Gobierno estudia un régimen de incompatibilidadpara el personal que ha prestado servicios en determinados órganos de información como el Cesid.

UTILIZACION PARTIDISTA

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Defensa, Santiago López Valdivielso, señaló que el asunto de las escuchas ilegales detectadas en Barcelona constituyó una utilización partidista y que el Gobierno recibía esas informaciones.

López Valdivielso recalcó que tenía que haber sido el vicepresidente del Gobierno quien tenía que haber comparecido en la Cámara y pidió na "dimisión en cadena" desde el primero hasta el último responsable en este asunto, aunque no citó nombres.

Indicó que en política la presunción de inocencia no existe y aplicó este argumento a las explicaciones facilitadas por el ministro de Defensa, que en su opinión no aclararon nada. "No sé que puede ser más grave", añadió, "que el Cesid pueda estar implicado o que no supiera la existencia de la red de espionaje".

El representante de Izquierda Unida (IU), Antonio Romero, sí pidió expresament la dimisión de Narcis Serra por las responsabilidades políticas derivadas del asunto de las escuchas y criticó a los responsables de Telefónica por no haberse personado en el proceso judicial como parte afectada.

Romero abogó por un mayor control parlamentario de los servicios de información del Estado y propuso la creación de una comisión especial permanente escargada de supervisar dichos servicios.