En una entrevista concedida a Televisión Española, García Ortiz explicó que realizar un informe de esas características supondría realizar un pronunciamiento previo a la aprobación de la ley que, por tanto, se produciría antes de conocer su redacción definitiva.

La ley de amnistía que se tramita aún en el Congreso es una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista que no necesita, por tanto, de los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo de Estado. Esos informes son preceptivos cuando la iniciativa legislativa parte del Gobierno y el texto legal es un proyecto de ley. Estos informes no tienen carácter vinculante, es decir, sus recomendaciones no tienen porqué incorporarse la redacción de la norma.

En un comunicado emitido una hora después de la toma de posesión del renovado fiscal general del Estado, los vocales de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera, mostraban su “más profunda estupefacción” tras conocer que Álvaro García Ortiz no respondería a la petición del presidente del Senado para que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre la ley de amnistía.

La asociación de perfil conservador expresaba su “rechazo al constatar que una petición de esta naturaleza y relevancia procedente de un órgano constitucional, no sólo no ha sido atendida, sino que se ha sustraído al conocimiento del Consejo Fiscal durante semanas”.

El presidente del Senado envió al fiscal general del Estado una comunicación en la que indicaba que “la Mesa del Senado acordó tramitar la petición de que el Consejo Fiscal emitiera un informe sobre la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, habiéndose remitido tal acuerdo el día 7 de diciembre de 2023, sin que hasta la fecha se haya recibido comunicación alguna”.

De ello se quejaban los vocales de la Asociación de Fiscales que advertían que el fiscal general “está ocultando información sobre la petición recibida por parte del Senado tras haberla ignorado previamente”. Y concluían denunciando que el hecho de que “se esconda información es una situación muy grave”.