Gallizo, durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso, señaló que entre las iniciativas que está tomando su departamento en este asunto están el mantener "reuniones periódicas" con jueces y fiscales de la Audiencia Nacional para "fijar estrategias comunes", con el fin "de ayudar a la mejora y perfeccionamiento del sistema".

Añadió que entre estos representantes legales con los que está en contacto se encuentra el juez de Vigilancia Penitenciaria encargado de la supervisión de la situación en las cárceles de los miembros de bandas terroristas, entre ellos los de la banda etarra.

La responsable de Instituciones Penitencias dio estas explicaciones tras referirse a que la extinción de penas por el trabajo, de la que se han beneficiado algunos miembros de ETA, desaparece con la aprobación del Código Penal de 1995, aunque sigue vigente "para las condenas impuestas y que se ejecutan conforme al Código Penal derogado de 1973", algo que ocurre con De Juana Chaos.

A este respecto, Gallizo se refirió a que el tiempo transcurrido entre la entrada en vigor del Código actual y la desaparición de la redenciones por trabajo "convierten este mecanismo en residual" entre la población reclusa actual, ya que en abril de 2005 sólo el 1,7 por ciento de los presos se beneficiaban de este mecanismo.

Asimismo, la directora general apuntó a que su equipo ha dictado una resolución, que entró en vigor a comienzos de este año, denominada "Sistema de evaluciación e incentivación de las actividades de los internos", que relaciona los beneficios penitenciarios "con la participación activa de cada interno en el programa individualizado de tratamiento".

Estos informes se convierten así en el "instrumento básico" para aplicar los beneficios penitenciarios a los internos, "huyendo de automatismos y otros mecanismos ineficaces que vaciaban de contenido el marco normativo exigido para la obtención de los mecanismos incentivadores".