Gallardón señaló que se trata de un asunto que ha motivado la apertura de dos sumarios distintos en dos juzgados de instrucción diferentes en Madrid, y "tendrán que ser los jueces los que establezcan cuáles han sido las conductas y si han sido adecuadas o no a la legalidad; y si no han sido adecuadas a la legalidad, si merecen reproche y si ese reproche es de naturaleza penal o no".

"Yo, cuando un asunto tiene o puede tener naturaleza penal, delictiva, creo que lo razonable en un estado de derecho no es hacer juicios paralelos políticos, sino que sean los tribunales de justicia los que establezcan las responsabilidades", concluyó.