En dicho informe, al que ha tenido acceso Servimedia, se plasma el desarrollo de una investigación que se puso en marcha en 1988, después de que el contrabandista Bonifacio Sagarzazu Virto, al que se acudió para pedirle datos sobre la lucha antiterrorista, comenzase a aportar en calidad de colaborador "informaciones relativas a tema de contrabando, y ninguna relativa a las materias que habían motivado el contacto".

El informe, que fue remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, explica que poco después, el 18 de mayo de 1988, el entonces comandante jefe interino de la 513 Comandancia de la Guardia Civil tuvo indicios sobre la implicación de su personal en actividades del narcotráfico, razón por la que se recabó toda la información disponible y se remitió al magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 deSan Sebastián, Juan Piqueras.

Tras profundizar en las informaciones obtenidas y con el concurso de la Jefatura del Servicio Fiscal de la Dirección General de la Guardia Civil, se concretaron una serie de indicios que apuntaban a la existencia de varias redes de contrabando en Guipúzcoa, entre las cuales se encontraba aquella para la que trabajaba el colaborador Bonifacio Sagarzazu y que fue desarticulada por la 513 Comandancia de la Benémerita.

Para obtener más información, se establecieron nuevo contactos y se habló, a principios de noviembre de 1988, con el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de San Sebastián, Luis Navajas, quien se interesó por el tema y se entrevistó, entre diciembre de 1988 y enero de 1989, con el teniente coronel Francisco Quintero Sanjuán, de la Jefatura del Servicio Fiscal (JSF) de la Dirección General de la Guardia Civil (DGC), quien le aportó documentación sobre el contrabando en Guipúzcoa.

A los datos aportados por la JSF de la DGGC se sumarían las informacionesfacilitadas por Sagarzazu, Jesús Mendieta Suárez, Benito Prado, Iñaki Ayerbe y José María Arrui, y el conjunto sería enviado al fiscal general del Estado.

Después, la Unidad de Servicios Especiales continuó con las investigaciones, que, según el informe, no aportaron datos que introdujeran variaciones "sustanciales" en las informaciones obtenidas hasta ese momento ni pudieron verificar el contenido de las mismas.

Los encargados de las investigaciones concluyeron que los colaboradores o contactos tilizados para las mismas eran escasamente objetivos y sus testimonios "tenían grandes dosis de interés personal o resentimiento".

El contrabandista Sagarzazu, que implicó a Rodríguez Galindo con el contrabando, era, según el mismo informe, una persona de "escaso crédito, confusa y retorcida", cuyas informaciones no procedían de conocimiento directo, sino de lo que había oído en la cárcel a terceras personas. Otras fuentes consultadas por la Unidad de Servicios Especiales negaron conocer la relación etre Rodríguez Galindo y el contrabando.

Tras calificar a Rodríguez Galindo de "persona de especial relevancia en la lucha antiterrorista", el informe pedía al Juzgado de Intrucción número 1 de San Sebastián que los datos "imputativos" aparecidos por otras vías distintas a las estrictamente policiales o militares no fueran tomados en consideración.