Para que el ex general sea trasladado de la prisión militar de Alcalá de Henares a una cárcel civil, consecuencia directa de haber sido expulsado de la Benemérita y haber perdido su condición de militar, Defensa debe enviar una notificación por escrito a Interior interesándose por el detino penitenciario más conveniente para el preso.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias, departamento dependiente de Interior, informaron a Servimedia de que, antes de decidir el destino de ex general, esperan una comunicación de Defensa interesándose por el centro penitenciario más adecuado.

Las fuentes consultadas aseguraron que esto es lo que ha sucedido en otros casos en los que se ha abordado la situación carcelaria de ex miembros del Ejército o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, en este caso se da la circunstancia del puesto de especial relevancia que ocupó el condenado, que fue responsable del cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo (San Sebastián) y al que la banda terrorista ETA ha amenazado reiteradamente.

Una vez decidida la prisión, será el propio Ministerio de Defensa el que traslade al ex miembro del Instituto Armado desde el centro militar que ocupa tras ser condenado a 75 años de cárcel por su condena en el "caso Lasa y Zabala".

La cárcel en la que sea internado el ex general puede ser una de las que utilizaron alguno de los implicados en el "caso Marey" de los GAL, a los que, por razones de seguridad, se buscó unas condiciones eseciales.

En este sentido, José Barrionuevo, ex ministro del Interior, y Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, ingresaron en una cárcel de Guadalajara y dispusieron de módulos propios.

Asimismo, dos de los centros que reunirían estas condiciones especiales y en las que ingresaron algunos de los condenados de los GAL fueron las de Madrid II y Ocaña, esta última en la provincia de Toledo.