El Constitucional entiende que debe examinarse si hubo esta falta de garantías en lo que se refiere a las declaraciones del agente Felipe Bayo Leal, que implicó a Galindo en la comisión de los asesinatos de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, y cuyo testimonio fue decisivo para ondenar al general.

El Alto Tribunal entiende que también se debe estudiar el argumento de Galindo, que fue condenado por el Supremo a 75 años de cárcel, respecto a que se vulneró su presunción de inocencia "por falta de idoneidad objetiva como prueba de cargo" de las declaraciones de Bayo.

No obstante, el Constitucional no admite los otros motivos del recurso, basados en una prórroga excesiva del secreto sumarial, la conculcación del derecho a juez ordinario predeterminado por ley, la limitacionde los medios de prueba y la privación por el instructor de determinados recursos.

Respecto a la prolongación del secreto de sumario, los magistrados argumentan, para rechazar la postura de Galindo, que esta medida era necesaria debido a "la singular condición de los implicados al igual de la circunstancia de que disponían de efectivas posibilidades de entorpecer y obstaculizar las investigaciones".