Hasta el momnto, eran las comunidades autónomas regidas por los socialistas las que habían devaluado la importancia de los directores generales, a través de la creación de los presidentes ejecutivos, constituyendo Madrid el caso más extremo de presidencialismo. En Cajamadrid, el proceso ha concluído en que no hay un director general sino muchos, recayendo todo el poder en el presidente Jaime Terceiro.

El proyecto de lay de la Consejería de Economía de la Xunta no anula las potestades de la Dirección general, peroprefigura un reparto de funciones entre presidente y director general, y en favor del primero, frente al esquema actual en el que el director general leva toda la gestión, que somete al control posterior del Consejo de administración.

Por lo que respecta a la obra benéfico-social, la ley crea un responsable de OBS en cada entidad. Dicho responsable será el encargado de aplicar el dinero de la OBS, dentro de un plan general de prioridades que elaborará el Gobierno autónomo.

Además, el proyecto espcifica que todo lo que no sean reservas obligatorias se destine a obra benéfico-social. Este dictámen resulta especialmente relevante, en cuanto contradice las recomendaciones del Banco de España a las cajas de ahorros. La autoridad monetaria no deja de insistir para que las cajas dediquen menos atención a su obra social y más a engrosar sus reservas y mejorar, consiguientemente, su coeficiente de recursos propios.

En 1992, el conjunto de las cuatro cajas de ahorros gallegas (Caixa Galicia, Vigo, Orene y Pontevedra) destinaron a OBS 1.756 millones de pesetas, con una sustancial rebaja desde los 2.000 millones del año 91. Sin embargo, a reservas destinaron 12.401 millones, cantidad que sí creció respecto al ejercicio precedente.

Por contra, el criterio de la Xunta modificaría esa relación de forma sustancial. Incluso apunta, prescindiendo de la situación de cobertura de recursos propios de cada entidad, al tradicional reparto del 50/50 entre ambas entidades.