En estos momentos hay leyes que regulan las condiciones que deben reunir los locales públicos para facilitar el acceso de personas con perros-guía en Murcia, Cataluña y Navarra, mientras que el plenodel Congreso aprobó a mediados de junio, por unanimidad, una propuesta para favorecer la integración mediante legislación específica en las comunidades autónomas donde no la hay. Al ser la atención social una competencia transferida, son las asambleas autonómicas las que deben aprobar estas normativas.

Narciso Valdeolivas admitió que la falta de concienciación social sobre este problema llega incluso a los tribunales, que casi siempre han fallado contra las personas con disminuciones visuales y a favo de los establecimeintos denunciados por impedir el acceso de perros-guía.

El delegado territorial de la ONCE también cree que es necesario incidir en el régimen sancionador para disuadir a los que se niegan a dejar paso a los perros. La proposición de ley presentada en el Parlamento gallego prevé sanciones de uno a dos millones de pesetas por negar el acceso de perros-guía debidamente acreditados y revisados sanitariamente a medios de transporte o centros públicos.

Por faltas leves, como querer obrar por dejar pasar al perro- guía, las sanciones rondarán las 500.000 pesetas. Si la entrada implica una reserva de asiento, el propietario del perro sí deberá pagar billete por el animal.

Valdeolivas considera necesario llenar ese vacío legal y concienciar a los responsables de administraciones públicas y a los titulares de establecimientos y transportes sobre la importancia que los perros-guía tienen para las personas ciegas.