Según establece la Orden dada por la Xunta, las personas que soliciten esta ayuda económica deberán acreditar que sufren malos tratos, presentando una orden de protección judicial a su favor, o un informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales o del centro de acogida en el que quede constancia de la existencia de indicios de violencia.

Para poder acceder a esta prestación, la mujer debe ser mayor de edad o estar emancipada, residir en Galicia y demostrar que carece de recursos suficientes como para poder emanciparse de su agresor.

La Vicepresidencia de la Xunta destina una partida económica para hacer frente al pago de este salario por valor de 1.100.000 euros para 2006.

Las personas que complan los requisitos podrán acceder, durante un máximo de un año a las ayudas, que serán de hasta 600 euros al mes. Este dinero lo percibirán aquellas mujeres que tengan ingresos inferiores o iguales al salario mínimo interprofesional o que acrediten una discapacidad igual o superior al 33%.

Si la mujer víctima de malos tratos cobra rentas superiores a este salario mínimo pero que no superen el doble del mismo, recibirán 400 euros al mes. Esta cantidad se reducirá a 200 euros cuando perciba rentas que estén entre el doble y el triple del salario mínimo. En este último caso, las ayudas podrían incrementarse en 50 euros más por cada hijo menor de edad que tenga a su cargo.