La iniciativa gallega modificará la Ley del suelo 9/2002 e introducirá mecanismos que garanticen la "efectiva" construcción de viviendas de protección oficial y el "derecho de todos los ciudadanos a disponer de una vivienda digna", según reza el acuerdo.

Así, el proyecto de ley aumenta los porcentajes de reserva de suelo destinado a vivienda protegida y crea por primera vez en Galicia una red autonómica de suelos dotacionales para vivienda pública.

La nueva ley, una vez aprobada por el Parlamento, también establecerá medidas para garantizar la edificación de las viviendas en los plazos establecidos y regular su distribución territorial para evitar la segregación social de los ciudadanos en función de la renta.

En los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, el proyecto tramitado por la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes sitúa la reserva de edificabilidad destinada la vivienda protegida en el 40%, con lo que se duplica el mínimo del 20% vigente en la actualidad.

Para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, la reserva para vivienda protegida se fija en el 30% de la nueva edificabilidad residencial, aunque excepcionalmente podrá reducirse incluso el 20% siempre que se acredite que este porcentaje es suficiente para atender la potencial demanda de vivienda protegida en el ayuntamiento en cuestión.

Los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes son objeto de un tratamiento específico de manera que, en determinadas condiciones (de crecimiento moderado), pueden llegar incluso a estar exentos de reservar edificabilidad para vivienda protegida, según prevé la futura ley.

Estos porcentajes de reserva para vivienda protegida se aplicarán a la edificabilidad residencial prevista en los planeamentos municipales para el conjunto de suelos clasificados como suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable.

El proyecto establece, además, normas para distribuir la vivienda protegida en cada ayuntamiento, evitando su concentración, a fin de que se favorezca la cohesión social y se evite la creación de zonas marginales.

SUELOS DOTACIONALES

Por otra parte, se crea una red de suelo dotacional público al establecerse una cesión obligatoria a la Xunta por parte de los promotores de suelo urbanizable de uso residencial.

La cesión será de 2,5 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de edificabilidad, y no merma el aprovechamiento obtenido por los particulares ni por los ayuntamientos.

El proyecto también fija los plazos para garantizar que se construyan las viviendas de protección. Estos no podrán ser superiores a los que se fijen para edificar las viviendas libres.

En caso de que se incumplan los plazos para construir viviendas protegidas, el ayuntamiento decretará la inscripción obligatoria en el registro y dos años más tarde decretará la edificación forzosa. Si transcurrido un año el ayuntamiento no adoptara estas medidas, la Xunta tendrá la capacidad de ejecutarlas por decreto.