Velázquez Soriano compareció ante el magistrado a petición propia para ampliar sus anteriores declaraciones sobre el 'caso Lasa y Zbala'. Sin embargo, durante su declaración de hoy, el testigo protegido facilitó al juez Gómez de Liaño los nombres de algunas personas que, según su versión, habrían participado en diferente grado en el asesinato de Leyba.

Tras recibir este nuevo testimonio, el juez ha procedido a dar traslado de la comparecencia al fiscal Ignacio Gordillo, asignado al juzgado central de instrucción número 1, que fue el que en su día instruyó la causa por el asesinato de Leyba, con el fin de que informe sobre la reaprtura de este sumario para investigar las nuevas revelaciones de Velázquez Soriano.

Por esta acción fue condenado en 1985 a 30 años de cárcel el miembro de los GAL Daniel Fernández Aceña. También fue juzgado como inductor del asesinato el empresario Victor Manuel Navascués, un industrial afincado en Irún con vinculaciones ultraderechistas, quien, sin embargo, resultó absuelto.

En una entrevista concedida el pasado mes de octubre a Tele 5, Fernández Aceña aseguró que la orden para atentar contra Lyba se la dió un guardia civil y agregó que fue reclutado como confidente de los servicios antiterroristas del cuartel de Intxaurrondo por un agente de nombre "Andrés".

La nueva declaración de Velázquez Soriano se produce después de que el testigo protegido anunciase al juez su intención de no seguir acogiéndose a ese estatuto ante el incumplimiento por parte del Ministerio de Justicia de las medidas de seguridad acordadas por el juez.

En concreto, Velázquez Soriano se quejó al magistrado de que o se le hubiese renovado su licencia de armas y que no se le hubiese facilitado un piso de seguridad, pero no reclamó el pago de un sueldo mensual, medida que solicitó por iniciativa propia el juez a Justicia, según precisaron hoy fuentes próximas al testigo protegido.

Sin embargo, el magistrado rechazó en un auto dictado el pasado viernes la renuncia de Velázquez Soriano al estatuto de testigo protegido, reiterando en su solicitud de medidas económicas al departamento de Justicia.