En total, fueron 10 los recursos estudiados hoy por la Audiencia Nacional, entre ellos el del ex dirigente socialista Ricardo García Damborenea, el del ex jefe del Mando Unico de la Lucha Contraterrorista Francisco Alvarez, el del ex jefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo, así como el de Juan de Justo, ex secretario personal de Rafael Vera.

Asímismo, los procesados rehazaron durante la vista la imputación de pertenencia a banda armada y solicitaron la revocación del auto de procesamiento dictado por Garzón dado que las circunstancias han variado con los "arrepentimientos" de algunos de ellos, a lo que el fiscal y la acción popular se opusieron.

Al término de la vista, el abogado de Alvarez, Manuel Murillo, insistió en que el ex comisario se encuentra en una situación "rara", dado que tiene que recurrir un auto de procesamiento dictado con anterioridad a que se autinculpara en las acciones de los GAL.

Añadió que, aunque el ex jefe del Mando Unico de la Lucha Contraterrorista reconoció su participación en el secuestro de Segundo Marey, rechaza la valoración jurídica de esos hechos ya que, a su juicio, ya ha prescrito el delito de detención ilegal.

Murillo justificó las actuaciones de su defendido diciendo que "siempre creyó que trabajó al servicio del Estado" incluso cuando le plantearon el secuestro de Marey y agregó que la defensa del Estado obliga a vece a actuaciones irregulares.

Por ello, tras insistir en que Alvarez "es un fiel servidor del Estado y un policía ejemplar", dijo que no se le puede tratar como a un delincuente común, ya que cumplió las órdenes que le daban en un tiempo en el que el trabajo se desarrollaba en una situación de "guerra declarada", por lo que no podían discutirse.

Por su parte, el abogado de Planchuelo, José Anibal Alvarez, también aludió durante la vista a la obediencia a los superiores e insistió en la prescripcióndel delito de detención ilegal, al tiempo que también rechazó el delito de pertenencia a banda armada.

Murillo, que también defiende a Aníbal Machín, uno de los denominados "hombres del maletín" procesado por llevar dinero de los fondos reservados a Suiza, pidió la exculpación de éste durante la vista aduciendo que su cliente no conocía el origen ni el destino del dinero que llevaba, como lo demuestra el hecho de que "no hay una evidencia ni un indicio" que acredite dicho conocimiento, sólo hipótesis. Además, agregó que Machín transportaba habitualmente dinero al extranjero para pagar a confidentes, por lo que "no tenía por qué tener sospechas o recelos sobre el origen irregular del dinero". Esta misma tesis también fue sostenida durante la vista por Fernando Reinoso, defensor de José Hernando, el otro "hombre del maletín".

El abogado de De Justo, Miguel Bajo, también apeló a la obediencia de su cliente hacia su superior durante la vista, diciendo que no sabía la finalidad del dinero que manejba, limitándose únicamente a cumplir las órdenes que le daba Rafael Vera, ya que era un funcionario del nivel 25.

Bajo también rechazó que De Justo hubiese cometido un delito monetario explicando que, dado que los fondos reservados no están sujetos a control administrativo, no puede ser controlada su salida al exterior, según fuentes jurídicas.

Por su parte, el abogado de García Damborenea, Enrique Fernández de la Lama, pidió durante la vista la rebaja a 2 millones de pesetas de la fianza de 25 mllones que le impuso la sala para obtener la libertad. En este sentido, el letrado recordó que el tribunal acordó fianzas menores para otros procesados en el 'caso GAL' y señaló que García Damborenea carece de recursos suficientes para hacer frente a la misma.

El defensor de García Damborenea también coincidió con los otros procesados en que carece de sentido recurrir un auto basado en unos hechos que se han modificado con las autoinculpaciones de los imputados, por lo que pidió la revocación del procsamiento y que sea el Tribunal Supremo el que, en su caso, acuse a los implicados.

Finalmente, el abogado de la acción popular, Teodoro Mota, insistió en el matenimiento del auto de procesamiento dictado por el juez Garzón ya que, a su juicio, su modificación no tiene "sentido legal ni jurídico" y agregó que es "absurdo e ilógico" que García Damborenea rechace su pertenencia a banda armada cuando reconoció públicamente haber participado en los GAL.