Con esta iniciativa, el juez pretende saber si puede proceder penalmente contra Vera llamándole a declarar como imputado en la caua que instruye por el secuestro de Segundo Marey por parte de los GAL, dado que en el supuesto de que el ex secretario de Estado fuera aforado, la competencia correspondería a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Según informaron hoy fuentes judiciales, el primer paso dado por el Alto Tribunal ha sido la designación de un ponente para la tramitación de dicha consulta, para lo que ha sido nombrado el presidente de la Sala Segunda, Enrique Ruiz Vadillo.

Ahora, según las citadas fuentes, cabe la poilidad de que Ruiz Vadillo acuerde convocar a la sala de causas especiales, integrada, además de por él, por los magistrados Ramón Montero y José Antonio Martín Pallín, con el fin de estudiar la "memoria expositiva" remitida por Garzón, o decida dar traslado al fiscal para que informe sobre el asunto.

Por otra parte, el juez Baltasar Garzón remitió hoy al Alto Tribunal unas correcciones a su "memoria expositiva", consistentes, fundamentalmente, en la precisión de las fechas a que pertenecen los documetos que aporta junto con su exposición y en la subsanación de algunos errores mecanográficos. Además, el magistrado aportó nueva documentación a la Sala Segunda cuyo contenido no ha trascendido.

La resolución a la "memoria expositiva" de Garzón podría estar concluída en breve ya que el Alto Tribunal tiene la intención de tramitar este asunto por la vía de urgencia, dado que se trata de una causa en la que hay personas encarceladas.

Fuentes del Alto Tribunal se mostraron convencidas de que la respesta de la Sala Segunda se inclinará por que Rafael Vera no dispuso, ni por tanto dispone en la actualidad, de ningún tipo de fuero, debido a que, aunque dicha sala conoce de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los miembros del Gobierno, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, los secretarios de Estado no tienen la consideración de tales miembros del Ejecutivo.

La consulta de Garzón se produce una semana después de que ordenara el ingreso en prisión del ex secretario personal de Rafel Vera, Juan de Justo, acusado de sendos delitos de malversación de caudales públicos y contra la ley de control de cambios.

El juez acusa a De Justo de haber dado a las esposas de los ex policías José Amedo y Míchel Domínguez 50 millones de pesetas procedentes de los fondos reservados siguiendo órdenes de sus inmediatos superiores.