En una sentencia de 19 folios notificada hoy a las partes, la Sala señala que "la inobservancia de las prevenciones legales específicas en materia de secretos oficiales respecto de la obtención de determinados instrumentos probatorios" por el juez Garzón constituye a su juicio "una invasión de esferas competenciales propias de la Administración y procedimiento inadecuado cuyo conocimiento pued ser reclamado por la misma".

Explica que el juez de instrucción que considera necesarios para su investigación documentos clasificados como secreto oficial, "no puede imponer, sin más, al ministro responsable su entrega y aportación".

Agrega que puede dirigirse al ministro por medio de una exposición razonada con el fin de que aquél la traslade al órgano competente, en este caso el Consejo de Ministros, "y este puede valorar, dentro de sus funciones directivas de Gobierno, los intereses en juego principalmente el de la seguridad del Estado, cuya exclusiva interpretación le corresponde en esta materia, y decidir en consecuencia".

Por todo ello, los miembros del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción señalan que "procede resolver el conflicto en favor del Ministerio de Defensa".

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