En una providencia, firmada por el presidente de la Sala de lo Penal, José Jiménez Villarejo, el Supremo decide que "no ha lugar" a la toma de medidas cautelares, puesto que "esta ala no considera necesaria la adopción de las medidas interesadas".

La acusación popular solicitó hoy mismo que, dado que la ejecución de la sentencia se aplaza hasta el mes de septiembre, se tomen medidas para evitar una posible fuga de los condenados: retirada de pasaporte, vigilancia y obligación de personarse diariamente ante la Justicia.