Así lo confirmaron a Servimedia fuentes del Alto Tribunal, que aseguraron que, al igual que sucede en el resto de los casos de indultos, se ha comenzado a tramitar todo lo necesario para que los once jueces de la Sala de lo Penal que juzgaron este caso puedan dar su versión definitiva sobre los indultos.

El Supremo debe pedir nformes a todas las cárceles en las que se encuentran presos los condenados: Guadalajara (José Barrionuevo y Rafael Vera); Alcalá Meco (Ricardo García Damborenea, José Ramón Corujo y Julio Hierro); Ocaña II (Julián Sancristóbal y Miguel Planchuelo); Barcelona (Francisco Alvarez), Logroño (Francisco Sáiz Oceja) y Córdoba (Luis Hens). Los responsables de estos centros deberán remitir un informe sobre el comportamiento de los reos.

Además, el Alto Tribunal tiene que pedir informes para conocer los anteceentes penales de todos ellos y, por último, solicitar al perjudicado por la actuación de los condenados, en este caso Segundo Marey, que dé su opinión sobre los indultos.

Las mismas fuentes insistieron a esta agencia en que este trámite se hará a través de la abogada de Marey, Olga Tubau, para evitar a su cliente sufrimientos inútiles.

Durante el juicio, el ciudadano francés ya concedió el perdón a los policías Hens y Corujo, encargados de su custodia durante el tiempo que estuvo secuestrado en l cabaña de Colindres (Cantabria).

La Sala de lo Penal deberá finalmente pedir opinión al fiscal del "caso Marey", José María Luzón, sobre la posibilidad de apoyar total o parcialmente los recursos.

INDEMNIZACIONES

Por último, otro dato que deberán tener en cuenta los magistrados a la hora de apoyar el indulto será si los condenados han abonado o no la indemnización al secuestrado.

En este sentido, Damborenea, Amedo, Domínguez y Planchuelo no han hecho efectivas todavía sus correspondientesmultas. En el caso de los tres primeros, están pendientes del exhorto que les remitió el Supremo para conocer si van a pagar.

En cuanto a Planchuelo, éste presentó un escrito en el que, alegando motivos económicos personales, pidió que el dinero destinado a Marey -algo más de 3.500.000 pesetas - le sea descontado de una fianza de 15 millones de pesetas que en su día hizo efectiva para evitar la prisión decretada para él por el juez Baltasar Garzón.