El pasado 2 de octubre, el juez Móner dictó una providencia por la que desestimó la pensión que solicitó Domínguez argumentando que no se podía considerar a éste como testigo en el 'caso GAL', tal como alegaba el ex policía. Además, el magistrado decidió remitr la petición al Ministerio de Justicia e Interior.

Contra esta resolución, el abogado de Domínguez presentó un recurso de reforma, que no fue admitido a trámite por el juez Móner por estimar que contra las providencias no cabía recurso, por lo que la representación del ex policía interpuso un recurso de queja ante la Sala Segunda.

En el auto, el Alto Tribunal señala que "nos vemos obligados a resolver este recurso de queja sin entrar en el fondo de las cuestiones en él suscitadas, porque existe n vicio de procedimiento que nos obiga a declarar nulo" el auto de Móner por el que inadmitió el recurso de Domínguez.

Así, explica que aunque la providencia recurrida "tiene un contenido de mero trámite inconfundible", consistente en la decisión de Móner de remitir la petición de Domínguez al Ministerio de Justicia e Interior, el magistrado hace en ella una serie de consideraciones relacionadas con la condición del ex policía, de quien precisó que había sido penado en el 'caso GAL' por lo que no podí ser considerado como testigo.

Por ello, a juicio de la sala, al ser recurridas dichas consideraciones por la defensa de Domínguez, "merecía una respuesta con la consiguiente declaración o rectificación por parte del magistrado instructor, lo que había de hacerse dando trámite al citado recurso".

Además, precisa que la doctrina y la práctica de los juzgados y tribunales vienen concediendo gran amplitud a las posibilidades de recurrir en reforma o súplica contra las providencias y, además, "hay cirtas expresiones de nuestras leyes que parecen darlo por supuesto".

Esto, a su juicio, "lejos de dilatar el procedimiento, le proporcionan mayor fluidez al tratarse de recursos de rápida tramitación y, desde luego, una mayor seguridad en la continuación del procedimiento".

Agrega que, por ello, "entendemos que el magistrado instructor debió dar trámite al citado recurso de reforma, con la consiguiente oportunidad de escuchar el parecer de las demás partes y pudiendo asi contestar a lo que en el rcurso de planteaba, aclarando o modificando en su caso el alcance de la providencia recurrida".

Precisa que en dicha resolución, el juez debe limitarse "a resolver aquello que fue objeto de la inicial petición", la solicitud de pensión, y no las cuestiones "indebidamente añadidas como la relativa a las subsidiarias peticiones de nulidad de actuaciones o desglose de sumarios", que la defensa de Domínguez también solicitó.

La defensa de Domínguez formuló la petición de una pensión de manutención, qe evaluó en unas 500.000 pesetas mensuales, amparándose en la Ley de Protección de Testigos ya que el ex policía reveló en tal condición al juez Baltasar Garzón hechos por los que está encausado en el 'caso GAL'.