La decisión de Móner, que cuenta con el informe favorable del fiscal, argumenta que es el juzgado de Garzón el que, "de aparecer presuntas responsabilidades de quienes, por la naturaleza del cargo que ocupen, están sometidos al fuero especial, de acuerdo con el artículo 57.2 de la LOPJ y de conformidad, en su caso, con lo establecido en nuestra Constitució, decidirá lo procedente, remitiendo lo actuado a este Instructor o, en su caso, a la Sala".