Así, la medid de ingreso en prisión de Barrionuevo, pedida por la acción popular del 'caso GAL', sería respaldada sólo por la acusaciones particulares, como la que ejerce el abogado Miguel Castells en nombre de las víctimas de los atentados de los GAL a los bares "Batzoki" y "Consolation" de Bayona, quien ya se pronunció en ese sentido tras la primera comparecencia del ex ministro ante el Tribunal Supremo el pasado 13 de diciembre.

Por su parte, ni los abogados de Miguel Planchuelo, Francisco Alvarez, Julián Sancrstóbal y Luis Roldán, ni la defensa de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez pedirán la adopción de dicha medida cautelar, aunque los primeros solicitarán el procesamiento del ex ministro y se mostrarán partidarios de la imposición de una fianza.

En declaraciones a Servimedia, el abogado de Planchuelo, José Aníbal Alvarez, anunció que durante la audiencia de mañana expondrá su opinión de que en aras al principio de equidad y de igualdad que propunga la ley, el magistrado debe dictar medidas siilares a las adoptadas por la Audiencia Nacional contra los demás implicados en el 'caso GAL', es decir, el procesamiento.

Señaló que no pedirá el ingreso en prisión del ex ministro ya que, a su juicio, "es hacer leña del árbol caído", aunque precisó que sí solicitará el procesamiento inmediato de Barrionuevo y dejará entrever la necesidad de imponerle una fianza, medida que no pedirá expresamente. En este sentido, recordará en su informe que "mis defendidos no han tenido ningún padrino que les haya pgado la fianza", en alusión al PSOE.

Por su parte, Manuel Murillo, abogado de Alvarez, también dijo que no va a pedir expresamente ninguna medida personal contra el ex ministro, sino que expondrá su criterio de que se aplique a Barrionuevo "el mismo rasero aplicado por la Audiencia Nacional" a los demás implicados, que estableció unas fianzas de acuerdo a la responsabilidad por el cargo de cada uno.

Al igual que el defensor de Planchuelo, señaló que sí solictará el procesamiento de Barrionuevo po los delitos de detención ilegal, en relación al secuestro de Segundo Marey, y malversación de caudales públicos, aunque rechazó el de pertenencia a banda armada, pedido por la acción popular. A su juicio, lo que hubo fueron "unas órdenes del ministro del Interior a subordinados suyos por lo que no se puede considerar al Ministerio del Interior banda armada".

Jorge Manrique, abogado de Amedo y Domínguez, avanzó, por su parte, que durante la audiencia de mañana resaltará que no se opondrá a ningún tipode medida que adopte el instructor y destacará que, debido a la posición que ocupa como defensa en la causa, no formulará ningún tipo de solicitud de modificación de la situación personal o procesal de Barrionuevo.