Móner, instructor del 'caso GAL' en el Tribunal Supremo, considera que al no tratarse de un testigo, sino de un penado y procesado, Domínguez no puede acogerse a la Ley de Protección de Testigos, en la que basaba su petición de recursos económicos para atender a su manutención.

Jorge Manrique, quien aseguró que aún no ha recibido la notificación que recoge la deisión del juez, recordó que para el anterior instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, Domínguez ha sido testigo, razón por la cual basaban su petición de pensión compensatoria en la Ley de Protección de Testigos.

"En el sumario 1/88, en el que Domínguez ya estaba condenado, ha declarado como testigo", dijo. "El problema ahora es que si el nuevo juez instructor dice que mi cliente no es testigo, todas las declaraciones que ha hecho en la causa tendrán que ser decretadas nuas", de forma que de los 25.000 folios de los que consta el sumario, "21.000 no sirven para nada".

Agregó que si su cliente no es testigo, todo lo practicado en ese sumario "será nulo de pleno derecho", incluidas imputaciones delictivas y autos de procesamiento, ya que nacieron como consecuencia de las declaraciones de un testigo. "Si no es testigo para cobrar, tampoco es testigo para prestar declaración", dijo.

Manrique explicó que de haber declarado como imputado, tendría que haberlo hecho en pesencia de un abogado, algo que no ha ocurrido. "Sus declaraciones, igual que los careos que se produjeron, fueron entre testigos e imputados", señaló.

El letrado, que declaró que aún no sabe qué medidas tomará ante la decisión de Móner, manifestó que el quid de la cuestión está en saber si para el Tribunal Supremo Michel Domínguez es testigo o imputado.