Según informaron hoy fuentes del Tribunal Supremo, en dicha reunión la Sala estudiará únicamente si admite a trámite o no el conflicto de jurisdicción planteado por Defensa ante los requerimientos de Garzón para que le entregase determinados documentos del CESID relativos a los GAL y que, según el departamento, constituyen secreto oficial.

Explicaron que en caso deque el tribunal, integrado por tres miembros del Tribunal Supremo y otros tres del Consejo de Estado, decidiese no admitir a trámite el conflicto, el juez Garzón podrá continuar con su investigación sobre los GAL, solicitando los documentos de nuevo.

Por el contrario, si la Sala decide admitir a trámite el conflicto, dará vista de las actuaciones al ministerio fiscal y al Ministerio de Defensa para que se pronuncien en el plazo de diez días, según recoge la Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales n su artículo 14.

Posteriormente, el tribunal deberá dictar sentencia dentro de los diez días siguientes, según la misma ley, que precisa que la Sala podrá, si lo estima conveniente para formular su juicio, requerir a las partes en conflicto, a Defensa y al juez Garzón, o a otras autoridades que le remitan los antecedentes que estime pertinentes.

Contra las sentencias del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción no cabrá otro recurso que el de amparo ante el Tribunal Constitucional cuando proceda, ientras que las demás resoluciones de la Sala serán susceptibles de recurso de súplica ante el propio tribunal.

La ley también recoge en su artículo 18 que el Tribunal de Conflictos podrá imponer una multa no superior a las 100.000 pesetas a aquellas personas que hubieran promovido un conflicto de jurisdicción "con manifiesta temeridad o mala fe o para obstaculizar el normal funcionamiento de la administración o de la justicia".

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción está integrado por los miebros del Consejo de Estado Jerónimo Arozamena, Fernando de Mateo y Andrés Sánchez y por los magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo José María Ruiz Jarabo y Pedro Esteban Alamo, y será presidido por el presidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala, quien podrá ejercer su voto de calidad en caso de empate.

La interposición del conflicto de jurisdicción por el Ministerio de Defensa, que fue presentado este mediodía ante el registro del Tribunal Supremo, no implica la paralización d la instrucción del 'caso Monbar' por parte del juez Garzón, ya que la ley precisa que el magistrado podrá seguir realizando las actuaciones necesarias "para evitar que se eluda la acción de la justicia, que se cause grave perjuicio al interés público o que se originen daños graves e irreparables".

En su resolución de ayer, el juez Garzón acordó no admitir a trámite el conficto de jurisdicción planteado por Defensa al entender que no existe tal conflicto, dado que no se atribuyó las competencias del Cnsejo de Ministros para clasificar o desclasificar documentos secretos, en contra de lo que sostiene el departamento que encabeza Suárez Pertierra.

Fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por Servimedia señalaron que la decisión de Garzón de no tramitar el conflicto, que no recoge expresamente la Ley de Conflictos de Jurisdicción, tiene precedentes y recordaron el caso de las escuchas en los locutorios de la cárcel de Alcalá-Meco, que provocó la presentación de un conflicto de este tipo por partede la Administración ante el juez que las desautorizó, quien tampoco lo admitió a trámite.