El ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, a quien Garzón atribuye los delitos de detención ilegal, tres delios de malversación y cuatro delitos monetarios, reafirma en el escrito su inocencia y dice que no hay ninguna prueba contra él.

El abogado de Ricardo García Damborenea, Enrique Fernández, solicita en el recurso el archivo de las diligencias contra su cliente por considerar que no es autor de ninguno de los delitos que le imputa el juez: pertenencia a banda armada, detención ilegal y proposición al asesinato.

Argumenta que no existe ningún dato que demuestre que Damborenea dio alguna orden a los membros del GAL y recuerda que tal imputación se basa únicamente en el comunicado cuya auditoría le atribuye el juez.

También indica que no hay pruebas que confirmen que el ex secretario general de los socialistas vizcaínos hiciera una proposición para asesinar a Segundo Marey, sino tan sólo la declaración de José Amedo en ese sentido.

El letrado recurre la fianza de 25 millones de pesetas impuesta por Garzón para que García Damborenea obtuviese la libertad.

Respecto al auto contra Francisco lvarez, ex jefe de la Brigada de Información de Bilbao, el recurso aduce la ausencia de pruebas de que éste fuera uno de los cuatro creadores del GAL. Sobre el secuestro de Segundo Marey, se considera que este hecho ha prescrito, según informó a Servimedia su abogado, Manuel Murillo.

Este letrado también ha elaborado el recurso de Anibal Machín, acusado de ser uno de los "hombres del maletín" que supuestamente entregaron dinero de los fondos reservados en Suiza a las esposas de José Amedo y Michel Domnguez.

Murillo asegura que Machín no pudo cometer malversación de fondos porque no tuvo en ningún momento disponibilidad de esas partidas, ni haber sacado ese dinero sin autorización administrativa porque el hecho de usar esos fondos reservados lleva implícita tal autorización.