Oficialmente nadie del PP, ni siquiera Cascos, confirma la entrevista de su `número dos' con Manrique. "Yo tengo derecho a reunirme con quien quiera, cuando quiera y como quiera", ha dicho hoy el vicepresidente primero a Onda Cero.

"Y no voy a caer en la trampa de desvelar mi agenda, prque creo que ese es un deber de confidencialidad hacia las personas que se reúnen conmigo. No me voy a convertir en una víctima del señor González. El que tiene que dar explicaciones es el señor González y su gobierno y su partido, que son los que tienen responsabilidades en el origen de los GAL"

Dos son las razones de esa estrategia. Primera, la ya mencionada de no desviar la atención sobre qué paso hace una década en España y quienes fueron los responsables.

Segunda: además de la confidencialiad que aduce Cascos, admitir el contacto lleva inevitablemente a reconocer una oferta de indulto a los ex policías a cambio de `recuperar' la memoria. Fuentes populares consultadas por Servimedia reconocen que eso podría ser delito.

Delito que, según se han encargado de recordar esta mañana una fuente próximas al Gobierno, también habrían cometido los gobiernos de Felipe González ofreciéndo a Amedo y Domínguez el indulto -através de José Luis Corcuera, Benegas y otros dirigentes- o poniéndoles 200 milones en una cuenta cifrada en Suiza.

"HUIDA" DEL CALENDARIO JUDICIAL

"Estamos en la tesis de no callar", mantiene esa misma fuentes, pero siempre con el debate centrado en quién amparó, financió y ordenó los GAL. "Se está intentando embrollar para que el juicio no sea el de los GAL, sino el del lío que se intenta transmitir".

Para la fuente popular consultada por esta agencia, González y el PSOE están en esa "huida hacia adelante" porque el 2 de junio se enfrentan al juicio oral del `caso Roldá', el 19 del mismo mes, juicio contra el coronel Perote, y el 1 de julio, vista oral del `caso Filesa'.

Respecto a la afirmación del líder socialista de que tiene pruebas y las ira dosificando, Gobierno y PP creen que la supuesta grabación del encuentro Cascos-Manrique sería ilegal, por ser una conversación particular, y que Felipe González cometería un delito el divulgarla. Además, se acusa a los socialistas de intentar un "estado policial" por hablar de dosificar pruebas.

Enmedio de esta "bronc" y de acusaciones de autoritarismo por parte del PSOE, desde el Ejecutivo se resaltaba esta mañana, como signo de una España alejada de guerras civiles, la presencia de José María Aznar en el acto de incorporación del legado del poeta Luis Cernuda a la Residencia de Estudiantes.