En esa fecha, Móner decretó libertad provisional para Barrionuevo bajo fianza de 15 millones de pesetas, obligación de comparecer quincenalmente ante el Alto Tribunal y prohibición de salida del territorio nacional, con la correspondiente retirada del pasaporte.

A pesar de los recursos presentados por Barionuevo contra estas medidas cautelares, el ex ministro no pudo evitar tener que depositar la fianza de los 15 millones de pesetas y entregar su pasaporte, que desde esa fecha permanece requisado en la secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, encargada de juzgar el "caso Marey".

Por esta razón, entre otras, el Alto Tribunal rechazó la pasada semana dictar nuevas medidas cautelares contra los condenados en este caso. La Sala de lo Penal del Supremo contestaba así a una solicitud de la acciónpopular que ejercen 104 ciudadanos, que consideraban que, dado que la ejecución de la sentencia se atrasará hasta el próximo mes de septiembre, algunos de los condenados podrían abandonar el territorio nacional.

Además de la retención del pasaporte de Barrionuevo, existe también la prohibición de abandonar el país para algunos condenados.

De hecho, Julián Sancristóbal fue requerido por el juez del cantón ginebrino (Suiza) Paul Perraudín, en relación con la investigación abierta por el uso de fonds reservados, y tuvo que pedir permiso al Supremo para poder desplazarse hasta el país helvético. Lo mismo le ocurrió a otro de los condenados, Ricardo García Damborenea, quien tuvo que solicitar un permiso especial para visitar a una hija que vivía en Alemania.

No obstante, esta prohibición expresa no existe para los cuatro policías condenados, Luis Hens, José Ramón Corujo, Julio Hierro y Francisco Sainz Oceja, quienes permanecen en su puesto de trabajo.