El letrado comenzó su exposición asegurando que el GAL no fue una continuación de otras bandas "de marcado carácter ultraderechista" que atentaban contra ETA en los primeros años de la democracia y acusó al PSOE de intentar "buscar acabar con el terrorismo buscando atajos necesarios".

Galán destacó la "impotencia" de los gobiernos socialistas para asalta el "burladero" etarra en el sur de Francia, y subrayó que "la guerra sucia se realizó con el silencio cómplice de muchos partidos políticos españoles y una buena parte de la sociedad", lo que calificó como "lamentable".

Para esta acusación popular, "todo se produce bajo las órdenes de Vera y Barrionuevo, como no podía ser de otra manera", dado que sólo de esta forma se explica la "perfecta coordinación" de diversas personas pertenecientes a diferentes cuerpos de seguridad del Estado.

ORTEGA LARA

El abogado José Luis Galán calificó de "evidente" la detención ilegal de Segundo Marey y aseguró que además habría que sumar a este delito el agravante de ensañamiento, por las "terribles" condiciones de vida a las que fue sometido el secuestrado.

Comparó la estancia de Marey en la cabaña de Colindres con el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara e incluso con las torturas que se cometieron durante la dictadura argentina en el centro de represión conocido como la ESMA (Escuea Superior de Mecánica de la Armada), ubicado en Buenos Aires.

Además, añadió que, en caso de que se hubiera comprobado que Segundo Marey perteneciera a ETA, "hubiera acabado como acabaron Lasa y Zabala", cuyos cuerpos aparecieron enterrados en cal viva.

En cuanto al delito de pertenencia a banda armada, Galán aseguró que el inicio del GAL quiso dar la impresión de "una ONG", pero que ha quedado demostrado que se trata de "una banda armada bien jerarquizada, bien organizada, aunque ahora aparezcamal avenida".

En la misma línea criticó la utilización de fondos públicos procedentes del Ministerio del Interior, directamente entregados por Rafael Vera, según han confirmado durante la vista oral varios testimonios.

Por último señaló que "no es competencia de este tribunal el posible indulto, y sí reestablecer con la sentencia el Estado de derecho, frente al estado de desecho".