Esto es un trámite necesario y previsto en un nuevo artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual, ante la petición de prisión de alguna de las partes personadas en un proceso contra un imputado, el instructor debe consultar a las restantes partes antes de adoptar una decisión al respecto.

Una vez que Móner reciba el escrito de la acción popular, que fue presentado esta mañana en el registro del Tribunal upremo, convocará de inmediato a los abogados, fiscal y abogado del Estado en el caso GAL para recabar su opinión.

En su escrito, la acción popular señala que las diligencias practicadas por el instructor "han confirmado plenamente todos y cada uno de aquellos 'datos e indicios'" que el juez Baltasar Garzón había apreciado en Barrionuevo y que relató en la exposicion motivada que elevó a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el pasado mes de julio.

A juicio de la acción popular, "ya sí podemos habar de 'indicios racionales de criminalidad'", por lo que "procede dictar el auto de procesamiento contra el ex ministro por los delitos de detención ilegal, fundación y dirección de banda terrorista, y malversación de caudales públicos".

Por ello, piden al juez Móner que adopte las medidas cautelares correspondientes contra Barrionuevo y, entre ellas, la prisión provisional incondicional comunicada del ex ministro, procediendo a la citación de las partes personadas en el caso para la audiencia que preé el nuevo artículo 504 bis.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.