De esta forma, Robles respondió a dos providencias dirigidas por el magistrado al ministro de Justicia e Interior, Juan Albeto Belloch, los pasados 17 y 28 de diciembre pidiendo que le informase sobre quién o quiénes tenían disposición de fondos de cualquier tipo en el departamento entre 1983 y 1987 y si constaba en ese ministerio algún dato sobre el puesto o cargo que ocupaba Julián Sancristóbal entre octubre de 1983 y el 8 de febrero de 1984, fecha en la que fue designado director general de la Seguridad del Estado.

Asimismo, el juez Garzón quería saber si existen datos, documentos o papeles, informes, registro, libro ofcial u oficioso o cualquier otro elemento a que se refiera la utilización y disposición de fondos reservados de 1983 y 1987, y las cantidades de que disponía con cargo a los fondos reservados el jefe superior de Policía de Bilbao en aquella época, el gobernador civil de Bilbao en 1983 y si Sancristóbal disponía de fondos reservados.

En su respuesta, remitida al magistrado el pasado 12 de enero, Robles dice que tampoco existe en la Dirección General de la Policía "constancia documental alguna, dato o rgistro en el que figuren las cantidades de que en su caso pudiera haber dispuesto con cargo a fondos reservados el jefe superior de Policía de Bilbao entre 1983 y 1987".

"Por todo lo expuesto", continúa el oficio de Robles, "no hay constancia documental alguna en esta Secretaría de Estado de si el señor Sancristóbal Iguarán disponía de fondos reservados cuando fue gobernador civil de Vizcaya y posteriormente cuando fue designado director general de la Seguridad del Estado, ignorándose del mismo modo pr las razones expuestas quién dictaba órdenes y disponía de control y entrega de fondos reservados desde 1983 a 1987".

La secretaria de Estado señala que, "ante la carencia en esta secretaría de Estado de cualquier constancia documental sobre los extremos señalados se ha solicitado al Banco de España informe sobre las personas que tenían firma reconocida en la cuenta corriente o en efectivo a nombre del Ministerio del Interior, Dirección de la Seguridad del Estado".

El Banco de España remitió poseriormente a la Secretaría de Estado la documentación requerida, entre la que figura un oficio de fecha 18 de febrero de 1984 firmado por el director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal "diciendo que las operaciones sean controladas por Sancristóbal, Rafael Vera, Bernaldo de Quirós y Juan Antonio Mínguez, los tres últimos con firma ya reconocida al respecto. Seguirá siendo necesaria la firma de dos".

En otro oficio, remitido por Vera al Banco de España, el ex secretario de Estado para la Seuridad dice que, con fecha de 12 de enero de 1983, ha dispuesto "que las operaciones de la citada cuenta sean controladas por el titular de ese centro, Rafael Vera, y por el funcionario del cuerpo general técnico Antonio Gómez García, ambos con firma ya reconocida al respecto, así como por don Luis Bernaldo de Quirós Fernández en sustitución del funcionario del Cuerpo Superior de policía Juan Antonio Mínguez Alvarez, rogando a VE disponga lo pertinente para que se proceda al reconocimietnod e firma de Bernldo".

En otro oficio, Vera ordena que la cuenta corriente en efectivo número 12128 a nombre del Ministerio del Interior, Dirección de la Seguridad del Estado, "sea controlada por el titular Rafael Vera y por Bernaldo de Quirós, ambos con firma ya reconocida al respecto, así como por Juan Antonio Mínguez Alvarez, en sustitución de Antonio Gómez García, rogando a VE disponga lo pertinente para que se proceda al reconocimiento de firma de Juan Antonio Mínguez".